Tras las publicaciones periodísticas que revelaron el montaje en la causa de Mario Ferreiro, la fiscal Stella Mary Cano se desligó y negó tener relacionamiento con los políticos que habrían orquestado el caso. Dijo además que el contenido de toda la información tiene bastantes aristas procesales.
En base al aspecto jurídico, explicó que el Ministerio Público depende exclusivamente del Fiscal General del Estado (FGE), no cuentan con un Fiscal Adjunto como las fiscalías barriales. Entonces, las atribuciones de que supuestamente las investigaciones debían enviarse a una fiscalía barrial debido a que la Dra. Lourdes Samaniego tenía que remitirlos a un Fiscal, son absolutamente falsas.
Por otro lado, la asignación de los casos se realiza mediante un sorteo informático según las denuncias o por designación directa del FGE y, en este caso, fue Sandra Quiñónez quien remitió esa carpeta fiscal a la Unidad a cargo de la agente del Ministerio Público.
«No es que yo pido ninguna intervención antes de esa presentación de la denuncia. Entonces las referencias que hace este periodista se relacionan a fechas anteriores a la presentación de la denuncia» aseguró la agente del Ministerio Público.
Sostiene que no tiene intereses personales en esta causa y que no conocía anteriormente a ninguna de las partes. Además, afirmó que la denuncia nunca hizo referencia a la causa que fue a juicio oral, sino que era la denuncia de Camilo Soares por unos audios que le había proveído Alfredo Guachiré. Posterior a esta denuncia compareció como testigo Francisco Florentín, quien hace referencia a unos screenshots.
Sobre las manifestaciones de que la causa tuvo inicio con un «simple papelito», explicó que realmente se tenía una grabación atribuida a otras dos personas, Rocío Casco y Aureliano Servín, cuya causa fue desglosada y está pendiente de sustanciación.
El motivo del allanamiento a la Municipalidad de Asunción fue a los efectos de buscar el formato magnético que contenía los screenshots y es por eso que se llevó a cabo la incautación del teléfono celular de uno de los imputados en ese entonces, el jefe de gabinete.
«El único teléfono celular capaz de contener algún rastro de ese grupo de chat, es el del señor Mancuello, pero no pudimos acceder por la complejidad y porque el mismo no nos proveyó de la contraseña para acceder» aclaró la Fiscal.
El hecho de que en esta causa haya quedado firme la absolución, hace que esa evidencia o el propietario de la misma, pueda ser solicitado como un testigo en la otra causa, entonces la prohibición de la contraseña no sería voluntaria y se podría acceder al chat.
Manifestó que el mismo Tribunal, con total responsabilidad, ha establecido que no se ha podido probar el hecho no que el hecho no haya existido, ya que de lo contrario la misma se encontraría procesada por persecusión a inocentes.
Respecto a Camilo Soares, explicó que el mismo estaba en calidad de testigo, tenía la obligación de poner a disposición lo que tuviera relación con la causa y entregó el celular de manera voluntaria.
Sobre las publicaciones respecto a que supuestamente la agente del Ministerio Público mantuvo reuniones en su domicilio con políticos y testigos antes de formalizar las declaraciones, la misma mencionó que, en aquel momento, recibió documentos enviados por Soares y sus abogados para trabajar desde su casa debido a las prohibiciones por la pandemia, pero reuniones como tal, nunca existieron.
«El señor Soares fue a llevar documentos, pero no los recibí yo ni me reuní con él. Él llevó ciertas documentaciones relativas a créditos y nada más. Con mi asistente sí existió comunicación muy fluida por parte del Soares y también de los abogados Ferreiro y Arias» sostuvo.
Sin embargo, resaltó que el trato con los testigos es normal en los domicilios de los agentes o viceversa. Lo que sí sería grave es la comunicación con los imputados, ya que podría causar un enorme perjuicio en la investigación.
Comentó que al único político que conoce dentro de estas afirmaciones es a Soares, quien luego de las publicaciones se comunicó con ella para manifestarle que dejaría constancia de que el celular estaba a cargo del Ministerio Público y que se ha violentado su intimidad.
En base a la absolución de los encausados, explicó que no ha presentado ningún recurso de apelación debido a que si bien los testigos aseguraron la existencia de screenshots, al no poder acceder al formato digital, el Tribunal no consideró suficiente la declaración de los mismos, por lo que no tenía valor probatorio.
