El Fiscal Luis Piñánez presentó nuevos urgimientos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del exdiputado Miguel Cuevas Ruiz Díaz, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
El recurso, interpuesto en septiembre del año 2021, cuestiona la elevación a juicio oral pese a que el proceso ya cuenta con doble conformidad tras la condena dictada en primera instancia y confirmada en apelación. El Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera Manzoni, impuso en septiembre del 2023 una pena de cinco años de prisión, además de cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y el comiso de bienes por Gs. 1.934.584.283.
La condena fue ratificada por la Cámara de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, mediante acuerdo del 26 de diciembre del 2023, consolidando así el fallo en dos instancias. No obstante, la ejecución de la sentencia permanece suspendida debido a la acción de inconstitucionalidad aún pendiente de resolución. Según el fiscal, la Sala Constitucional se encuentra plenamente integrada desde hace meses, por lo que no existirían impedimentos para emitir un pronunciamiento definitivo.
En paralelo, el recurso de casación interpuesto contra la condena enfrenta demoras debido a la falta de integración completa de la Sala Penal, afectada por recusaciones contra sus miembros naturales. Actualmente, la instancia quedó parcialmente conformada con la ministra Carolina Llanes y la camarista Adriana Giagni, sin que hasta el momento se haya designado un tercer integrante que permita avanzar en la resolución del recurso.
Ante este escenario, Piñánez promovió dos urgimientos formales, el 06 de octubre y el 10 de diciembre del 2025, con el objetivo de evitar mayores dilaciones. El fiscal sostuvo que el tiempo transcurrido resulta suficiente para que la Sala Constitucional adopte una decisión, insistiendo en que la prolongación del trámite afecta la ejecución de una condena ya confirmada en dos instancias judiciales.
El planteamiento del Ministerio Público se enmarca en una preocupación institucional por el uso de recursos extraordinarios como mecanismos que dilatan procesos en causas de corrupción pública. En ese sentido, el agente remarcó la necesidad de que las instancias judiciales competentes emitan resoluciones oportunas que permitan dar cumplimiento efectivo a las sentencias.
Finalmente, el fiscal reiteró su compromiso con la persecución de delitos contra la administración pública y subrayó que la pronta definición del caso no solo permitirá ejecutar la condena, sino también fortalecer la confianza en el sistema de justicia y en la vigencia del Estado de Derecho.
