La Fiscal Samara Lesme se encuentra al frente de una investigación tras el hallazgo de cientos de pagarés firmados, cheques, facturas, contratos, autorizaciones de descuento y recibos en una propiedad alquilada, cuyos ocupantes serían inquilinos vinculados presuntamente a un esquema de estafa con documentos.
El descubrimiento despertó sospechas en torno a lo que se conoce como la “mafia de los pagarés”, sin embargo, aún no hay informaciones de que el caso esté vinculado a la mencionada investigación. El allanamiento fue llevado a cabo por la fiscal interina Amelia Bernal en una vivienda alquilada ubicada en la ciudad de Lambaré, donde se encontraron cientos de documentos escondidos. También fueron objeto del operativo otras viviendas en Villa Elisa y Capiatá.
Entre lo incautado hay pagarés con y sin fecha, cheques, contratos, autorizaciones de descuento, recibos, documentos contables varios, currículums, entre otros. Según la hipótesis preliminar, se sospecha que algunos de esos documentos podrían haber sido preparados para demandas fraudulentas contra víctimas, aunque hasta ahora no se ha judicializado la mayoría de los casos.
Un abogado de las empresas del grupo Galeano declaró que la documentación pertenece a empresas que representan, que estos archivos estaban en poder de un empleado de confianza encargado de manejo de archivos, quien vivía en la propiedad y al mudarse habría dejado los documentos allí. Afirman que no hay juicios pendientes o causas en curso asociadas a esos documentos hasta el momento, que no se han utilizado en litigios ni ejecutados como deudas y que muchas son simplemente documentación contable.
La fiscalía está en fase de revisión preliminar de los documentos para determinar si hay indicios de delitos como falsificación, uso indebido, ejecución fraudulenta de pagarés, etc. Por ahora, la agente Lesme y su equipo no han observado que haya certeza de un delito, aunque advierten que el uso repetido o intento de ejecución múltiple de pagarés podría configurarlo. También se investiga si los documentos pudieron ser preparados para usarse fraudulentamente, pero no hay evidencia clara hasta ahora.
Mientras tanto, la Fiscalía ha adoptado medidas cautelares para asegurar los documentos incautados, garantizar que se preserven correctamente y para que los propietarios o representantes legales puedan participar del proceso identificando qué es de ellos. Todavía no hay imputaciones concretas de personas específicas por delitos graves, aunque la investigación sigue en curso.
