Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, realizaron este lunes una diligencia en la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la causa penal abierta para investigar presuntas irregularidades en procesos licitatorios adjudicados durante la administración anterior de la previsional.
La intervención se produjo pocos días después de que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispusiera mediante la Resolución F.G.E. N° 1817 la apertura formal de una investigación penal y la conformación de un equipo especializado para analizar posibles hechos de lesión de confianza, malversación de fondos y otros delitos que pudieran surgir durante las pesquisas.
Durante la diligencia, los representantes del Ministerio Público fueron recibidos por el actual presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien solicitaron colaboración institucional para acceder a documentación interna, antecedentes administrativos y otros elementos vinculados a los procesos licitatorios que se encuentran bajo análisis.
La causa tiene origen en una denuncia penal presentada el 13 de mayo por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, quienes señalaron presuntas irregularidades en cinco licitaciones públicas adjudicadas durante la gestión anterior del IPS.
Entre los principales denunciados figuran el expresidente del Consejo de Administración del IPS, Jorge Magno Brítez Acosta y el exgerente de Abastecimiento y Logística, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, además de exmiembros del Consejo de Administración y otros funcionarios de la previsional.
Según la denuncia, las supuestas irregularidades habrían generado un perjuicio patrimonial estimado en más de Gs. 391.574 millones mediante procesos de contratación que ahora son objeto de investigación penal. De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa, las sospechas se centran en procedimientos de convocatoria y adjudicación vinculados a contratos de servicios y adquisiciones realizados durante los años 2024 y 2025.
Los denunciantes sostienen que existirían indicios de sobrefacturaciones, deficiencias en estudios técnicos, falta de controles administrativos y posibles irregularidades en la ejecución y adjudicación de contratos. Asimismo, la semana pasada se presentó una ampliación de la denuncia inicial, incorporando nuevos elementos y solicitando investigar la eventual producción de documentos públicos de contenido falso en relación con algunos procedimientos cuestionados.
La investigación está a cargo de los fiscales Corbeta y González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, conforme a la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado. El objetivo de las diligencias iniciales es reunir documentación administrativa, resoluciones, informes técnicos y antecedentes relacionados con las licitaciones denunciadas, a fin de determinar si existieron o no conductas penalmente relevantes durante la gestión investigada.
Hasta el momento, el Ministerio Público no informó sobre imputaciones dentro de esta causa y las pesquisas se encuentran en una etapa preliminar de recolección y análisis de evidencias. La visita fiscal al IPS se produce en un contexto en el que la actual administración de la previsional también impulsa revisiones internas sobre diversos procesos de contratación y abastecimiento desarrollados en años recientes.
Los investigadores buscarán determinar si las adjudicaciones observadas se ajustaron a las normas administrativas y de contratación pública vigentes o si existieron actuaciones que pudieron ocasionar perjuicios patrimoniales a la institución.
La Fiscalía adelantó que las diligencias continuarán con el análisis de la documentación requerida y la eventual convocatoria de funcionarios, exautoridades y otros involucrados para prestar declaración en el marco de la investigación.
