Este jueves se registró un nuevo feminicidio en el centro de Ciudad del Este, en inmediaciones del Puente de la Amistad, donde un hombre asesinó a tiros a su esposa de 42 años de edad. La mujer recibió varios impactos de bala y, posterior al homicidio, el hombre identificado como Leonor Meaurio Careaga de 51 años, decidió acabar con su vida y se disparó.
Norma Estela Miñarro Rotela, la víctima número 26 de feminicidio en lo que va del año, había realizado una denuncia por violencia familiar en julio de este año, momento en que se activaron las medidas de protección para la víctima, desde el Ministerio Público, representado por la Fiscal Stella Maris Ramírez. En razón de la denuncia realizada por Miñarro Rotela un Juzgado de Paz decretó el alejamiento del hogar y dicha disposición del Juzgado se hizo efectiva, lo cual habría motivado el enojo del denunciado, quien terminó asesinando a la mujer.
Sobre el caso, la Fiscal Ramírez manifestó a PDS Radio que en la unidad a su cargo existen 3.500 causas en investigación por violencia familiar, además de las causas que ingresan diariamente. Esta cantidad de causas datan desde el año 2018. Señaló que existe un protocolo de atención a víctimas, el cual se debe activar cuando ingresa una causa por este tipo de hechos.
“Hoy día nos preguntamos ¿Es efectivo el protocolo de protección a víctimas? Porque mientras dura el proceso se debe activar este mecanismo, lastimosamente en el campo que nos tocó hubo un desenlace muy triste, porque se activó este protocolo, pero evidentemente no se vio reflejado” agregó.
Explicó que el Ministerio Público está pasando por una difícil situación ya que no se cuenta con el presupuesto ni los recursos humanos con los que se debería; no existe un psicólogo ni un psiquiatra para atención al supuesto agresor, para poder medir su grado de probabilidad de cometer algún tipo de hecho punible peor como el que ocurrió en este caso.
“Es una problemática social muy grave. Cuando este tipo de hechos ocurre generalmente se busca un culpable que, para todos, termina siendo el Ministerio Público, pero siempre hay que preguntar si el protocolo en donde se solicita al juzgado, a la policía, al Ministerio de la Mujer, tuvo una efectividad real” comentó.
Además de ello, explayó que el protocolo consiste en remitir oficios a diferentes instituciones como la Policía Nacional, para que implemente una ronda en inmediaciones de la vivienda de la víctima a fin de informar sobre cualquier situación de riesgo; además se debe verificar si la Policía Nacional tiene el presupuesto necesario para realizar dicho trabajo, atendiendo a la cantidad de causas que se tienen a diario.
Señaló también que las distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad y resguardo de las víctimas en estos casos, deben realizar una mesa de diálogo entre sí para implementar sistemas en los que, cuando ingrese una denuncia en el Ministerio Público, esto sea remitido al agente fiscal de turno junto con todos los antecedentes sobre otras causas que tenga la persona denunciada, a modo de agilizar las diligencias y la investigación pueda avanzar de manera eficaz y no terminen en desenlaces fatales, como los que vimos en los últimos días.
“Es necesario contar con un sistema integrado con el Juzgado de Paz, la Policía Nacional y también con el Ministerio de la Mujer. Se tiene que trabajar con la problemática real que tenemos, porque humanamente es imposible avanzar con 3.500 causas desde el 2018, realmente es una situación muy crítica” comentó la agente del Ministerio Público.
Sobre el caso específico de Norma Miñarro mencionó que la mujer ya había realizado una denuncia en el año 2019, la cual había quedado a cargo de la Fiscal Nilsa Torales y luego pasó a la Fiscal Rocío González, quienes no presentaron imputación alguna y ni siquiera activaron el protocolo de protección a víctimas.
La segunda denuncia fue realizada el 18 de julio del corriente año y la causa ya quedó a cargo de la Fiscal Ramírez, quien inmediatamente activó el protocolo mencionado y se remitieron los oficios a las instituciones competentes. Sin embargo, existen muchos inconvenientes para efectivizar los recaudos pertinentes, puesto que no existen suficientes oficiales para resguardar a cada una de las víctimas.
En esta causa, explicó que no solicitó medidas para el agresor debido a que la evaluación psicológica para el mismo estaba fijada recién para el 18 de octubre, ya que otra de las problemáticas es que la entrevista psicológica para el denunciado debe ser agendada, ya que solo existen dos trabajadoras sociales que también atienden a nivel país y, para formular una imputación y pedir una eventual medida de prisión preventiva, el Ministerio Público debe contar con elementos de convicción suficientes y fundados.
“El Ministerio Público no cuenta con psicólogos y psiquiatras que puedan atender o realizar una entrevista al supuesto agresor en relación a su peligrosidad. En muchas de las causas que parecen no ser tan graves, terminan con este tipo de desenlaces” afirmó la Fiscal
