El fiscal Luis Piñanez, solicitó al juez de garantías Miguel Ángel Palacios la remisión de copias autenticadas de actuaciones judiciales relevantes, en el marco de una causa abierta por presunto prevaricato contra Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro. El requerimiento se da en el marco de decisiones adoptadas en el marco de la causa contra Hernán Rivas, por su presunto título falso.
La Fiscalía solicitó específicamente la remisión del A.I. Nº 850 de fecha 10 de octubre del año 2025, así como del acta de la audiencia preliminar, ambos dictados en la causa seguida contra Hernán David Rivas por la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Según el pedido, la documentación deberá ser enviada con la mayor celeridad a la sede del Ministerio Público para su análisis.
El requerimiento fiscal se vincula con el estudio de eventuales irregularidades en resoluciones judiciales adoptadas en ese expediente, en el cual se debatieron cuestiones relacionadas con la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento del imputado. En ese contexto, el A.I. mencionado tuvo especial relevancia al declarar operada la prescripción respecto a determinados hechos, lo que derivó en el cierre del proceso en ese aspecto.
Cabe recordar que la causa vinculada a Rivas generó controversias, particularmente en torno al análisis del cómputo de los plazos de prescripción y la viabilidad de sostener la persecución penal por hechos relacionados con la supuesta obtención irregular de su título profesional. Posteriormente, la Cámara de Apelación confirmó en lo sustancial el criterio adoptado en primera instancia respecto a la extinción de la acción penal en relación a ciertos hechos.
En este escenario, la nueva investigación impulsada por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción apunta a determinar si las decisiones adoptadas en ese proceso se ajustaron estrictamente a derecho o si, por el contrario, podrían configurar el delito de prevaricato, que sanciona a los magistrados que dictan resoluciones manifiestamente contrarias a la ley con conocimiento de su ilegalidad.
En este contexto, la solicitud del fiscal Piñanez representa un paso inicial dentro de una investigación que busca esclarecer si existieron desviaciones en el ejercicio de la función jurisdiccional en causas de relevancia pública, siendo el análisis técnico de las resoluciones judiciales el eje central del proceso.
