El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo especializado de agentes fiscales para investigar denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado derivado de la contratación y difusión de contenidos comunicacionales presuntamente ajenos al interés público, así como un eventual desvío de fondos destinados a programas de asistencia social.
La decisión fue formalizada mediante una resolución emitida este 03 de junio, en la que el titular del Ministerio Público ordenó el inicio de las diligencias investigativas a partir de denuncias presentadas por legisladores nacionales y por un ciudadano particular.
Para llevar adelante la investigación fueron designadas las agentes fiscales Marlene González y Laura Giacummo, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, así como la fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. El equipo trabajará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar la eventual existencia de responsabilidades penales.
La resolución menciona la presentación de una denuncia realizada por los diputados nacionales Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo. Según la denuncia, existirían indicios sobre la contratación y difusión de contenidos comunicacionales a través de campañas digitales en plataformas publicitarias que no responderían al interés público, generando un supuesto perjuicio patrimonial al erario estatal.
Asimismo, la Fiscalía tuvo en cuenta una denuncia formulada por Hugo Javier Portillo Sosa, patrocinado por los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada. En dicha presentación se sostiene que recursos públicos originalmente destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados mediante un mecanismo de triangulación presupuestaria hacia la empresa Digimarketing SAS.
De acuerdo con la denuncia, esos fondos habrían sido utilizados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital dirigidas contra periodistas y figuras públicas.
En su resolución, el Ministerio Público señaló que corresponde a la institución impulsar la investigación penal y reunir los elementos de convicción necesarios para determinar si los hechos denunciados constituyen infracciones penales.
El documento destaca además que, debido a la naturaleza de las denuncias y a la necesidad de analizar aspectos económicos, patrimoniales e informáticos, resulta conveniente la intervención conjunta de fiscales especializados en delitos económicos, anticorrupción y delitos informáticos.
