El fiscal Juan Manuel Ledesma, sobre el allanamiento que se realizó este viernes en la gobernación de Central, indicó que la investigación inició hace dos semanas a raíz de un informe final de auditoría basado en un análisis documental de la gestión 2019 de Hugo Javier González, referentes a las transacciones realizadas por parte de la gobernación a instituciones educativas y a instituciones privadas sin fines de lucro por el monto de G 18.000 millones. El fiscal trabaja sobre la hipótesis de que se habrían realizado acciones para desviar fondos públicos.
Es así que conforme al informe remitido por la Contraloría General de la República, en el periodo 2019 no se presentaron rendiciones de cuentas ante la CGR y tampoco se proveyó de las documentaciones respaldatorias sobre el destino de las transferencias que fueron ejecutadas.
Ledesma indicó que también procedieron a verificar que en el 2020 las mismas instituciones ya recibieron transferencias del gobierno central, el cual motivó la realización del allanamiento a los efectos de recabar datos sobre las operaciones hechas en el 2019 y 2020, en total son 404 órdenes de pago por un importe aproximado de G. 50.000 millones.
El agente comentó que es una investigación que se lleva en paralelo al de su colega Rodrigo Estigarribia, y que en este caso en particular no se puede hablar aún de una imputación o ampliación de la imputación inicial por lesión de confianza y otros delitos, atendiendo a que recién están recabando los datos.
Las transferencias fueron efectuadas a la Fundación CIAP, la cual recibió durante ambos periodos la suma de G. 9.500 millones, la Fundación Plantemos Conciencia el monto de G. 11.500 millones, el Consejo de Salud Departamental la suma aproximada de G. 20.000 millones, como también varias instituciones educativas de unos 17 municipios que reciben apoyo por parte de la gobernación, las que fueron creadas a través de un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencias, las 17 Municipalidades y la Gobernación del Departamento Central.
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