Los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González se constituyeron este lunes en la sede de la Presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) como parte de una investigación preliminar abierta tras una denuncia sobre presuntas irregularidades en varios procesos licitatorios realizados durante la administración anterior de la previsional.
Según explicó Corbeta, la denuncia fue presentada por el abogado Juan José Berni y originalmente hacía referencia a cinco llamados a licitación. Posteriormente, se incorporó una ampliación que incluye un sexto proceso presuntamente irregular. Los hechos denunciados corresponden principalmente a los años 2024 y 2025, periodo en el que el IPS era presidido por Jorge Brítez.
Los representantes del Ministerio Público señalaron que la visita tuvo como objetivo recabar información preliminar y conocer los datos que la actual administración pueda aportar respecto a los procedimientos cuestionados. Entre las contrataciones mencionadas en la denuncia figuran servicios de desinfección de acción prolongada, higienización y provisión de textiles, sistemas de gestión ambiental y servicios informáticos vinculados al sistema de aporte obrero-patronal.
Corbeta indicó que, por el momento, la Fiscalía no retiró documentación de la institución, aunque ya fueron remitidos pedidos formales de informes. Agregó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún no cuentan con los antecedentes documentales necesarios para evaluar si existieron conductas con relevancia penal.
En ese sentido, el fiscal enfatizó que no toda irregularidad administrativa constituye un hecho punible y que será necesario determinar si los procedimientos denunciados ocasionaron algún perjuicio patrimonial al IPS. Respecto al monto involucrado en las licitaciones cuestionadas, señaló que la denuncia menciona contratos por aproximadamente Gs. 391.000 millones. Sin embargo, aclaró que actualmente no existe una determinación sobre la existencia de un daño económico para la institución.
Los investigadores también descartaron realizar, por ahora, valoraciones sobre eventuales responsabilidades individuales. Corbeta sostuvo que el Ministerio Público actuará con base en la documentación que sea incorporada al expediente y que cualquier decisión deberá sustentarse en elementos objetivos.
Asimismo, destacó la predisposición de la actual administración del IPS para colaborar con la investigación y facilitar el acceso a la información requerida. Según indicó, las autoridades de la institución manifestaron su compromiso de remitir la documentación solicitada con la mayor celeridad posible.
Una vez recibidos los informes y antecedentes requeridos, la Fiscalía procederá al análisis técnico y jurídico de los documentos para determinar si existen indicios de hechos punibles o si corresponde descartar las denuncias presentadas.
