El fiscal Alcides Giménez Zorrilla formuló acusación contra cinco funcionarios penitenciarios por su presunta participación en la fuga de ocho internos de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Minga Guazú, ocurrida el pasado 26 de marzo del 2025. Los acusados enfrentarán juicio oral por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos, previstos en los artículos 292 y 294 del Código Penal.
Según la investigación, la fuga se produjo alrededor de las 20:00 horas, luego de que los funcionarios penitenciarios trasladaran a los reclusos desde el módulo de máxima seguridad hasta el sector denominado “soleado”. Pese a que la normativa del Ministerio de Justicia, establecida en la Resolución N.º 170/2024, prohibía su permanencia en ese lugar fuera del horario reglamentado, los agentes violaron el protocolo.
Las cámaras de seguridad del penal registraron cómo los guardiacárceles cerraron las celdas del sector “soleado” con un simple grillete y, lo más grave, entregaron previamente llaves genéricas a los reclusos, lo que facilitó que uno de ellos liberara a los demás. Minutos después, todos treparon el techo de rejas de hierro, cortaron un grillete con la llave colocada y escaparon del recinto.
El plan de fuga incluyó una ruta improvisada; los internos descendieron por un ducto de agua, se arrastraron bajo un alambrado perimetral y finalmente salieron al exterior utilizando cortes de tela y sábanas amarradas desde una garita. La facilidad con que lograron evadir las medidas de seguridad reveló un preocupante nivel de connivencia interna. La Fiscalía resaltó que el funcionario de la cabina de monitoreo omitió revisar las cámaras durante la fuga, lo que impidió alertar a tiempo a las autoridades. Esta omisión fue clave para que la evasión se concretara sin resistencia inmediata.
Tras recibir la denuncia, el fiscal Giménez acudió al lugar acompañado por agentes de la Policía Nacional, verificando las condiciones del penal y procediendo a la incautación de los celulares de los imputados, así como de otros elementos vinculados al hecho. Además, se tomaron 16 declaraciones de funcionarios que confirmaron la cronología de los sucesos. Entre las pruebas recolectadas figuran las grabaciones de CCTV, los aparatos incautados y los testimonios de testigos, considerados por la Fiscalía como indicios suficientes para probar la complicidad de los agentes penitenciarios en la fuga.
Finalmente, el Ministerio Público presentó la acusación formal ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, solicitando la elevación de la causa a juicio oral y público.
