El Ministerio Público presentó acusación formal contra seis exdirectivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, en una causa que investiga un perjuicio económico superior a Gs. 2.808 millones solo en concepto de dietas. La acusación fue formulada por los fiscales Patricia Sánchez, Natalia Silva y Hernán Galeano.
Los procesados son Bernabé Peralta Antúnez, Juan Aristides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia, Venancio Díaz Escobar y Viviana María Brioschi Capurro, quienes integraron el Consejo de Administración de la institución. Según la acusación, habrían continuado percibiendo remuneraciones y beneficios pese a que el proceso electoral que les permitió asumir fue posteriormente anulado por resoluciones de la justicia electoral.
De acuerdo con la presentación fiscal, tras las elecciones internas de diciembre del año 2019, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dispuso la exclusión de votos correspondientes a municipalidades en mora con la entidad, lo que derivó en la nulidad del proceso y en la necesidad de convocar a nuevos comicios. Estas decisiones quedaron firmes luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los fallos electorales.
Pese a ello, el Ministerio Público sostiene que los entonces directivos continuaron en funciones y percibiendo dietas entre los años 2020 y 2023, generando el perjuicio patrimonial señalado. La investigación también incluye el cobro de gastos de representación y bonificaciones por responsabilidad y gestión presupuestaria, conceptos que, según la acusación, no estarían autorizados por la normativa que regula la entidad previsional.
La hipótesis fiscal agrega que las autoridades se habrían autoasignado dichos beneficios mediante resoluciones internas, superando incluso los límites establecidos en disposiciones presupuestarias. Asimismo, se menciona que uno de los consejeros habría percibido simultáneamente ingresos como directivo y como jubilado de la propia caja, situación considerada incompatible por la legislación vigente.
Otro elemento considerado por los investigadores es la situación financiera de la institución, que ya presentaba altos niveles de morosidad en el aporte de municipios. Para la Fiscalía, este contexto refuerza la presunta irregularidad en la percepción de beneficios económicos por parte de los acusados mientras la entidad atravesaba un escenario crítico.
