La fiscal Patricia Sánchez Saldívar presentó acusación formal contra Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, por el presunto hecho punible de estafa, en calidad de coautores. Asimismo, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
El caso gira en torno a un supuesto esquema fraudulento sostenido por las firmas MOCIPAR PROPIEDADES S.A. y MOCIPAR HOGAR S.A., que operaron durante más de dos décadas, captando a miles de personas mediante contratos de adhesión para adquisición de viviendas que, en la mayoría de los casos, nunca se concretaron.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con MOCIPAR, abonando en total Gs. 13.460.000 con la expectativa de ser adjudicada con un inmueble o bienes sorteados. Sin embargo, nunca recibió propiedad alguna y fue inducida a firmar nuevos contratos bajo la promesa de no perder el dinero ya entregado.
Según la Fiscalía, los contratos no establecían precios reales ni condiciones viables de adjudicación. Además, el modelo de sorteo utilizado por las empresas resultaba imposible de cumplir, considerando la desproporción entre la cantidad de adherentes y la limitada entrega efectiva de bienes.
Uno de los mecanismos de captación de víctimas era un programa televisivo difundido por canales de aire, en el que se promocionaban sorteos semanales de electrodomésticos, vehículos y muebles. Sin embargo, en 22 años de actividad, solo se documentaron 16 adjudicaciones reales, mientras que miles de personas pagaban cuotas sin recibir beneficios.
Otro agravante señalado por el Ministerio Público es que MOCIPAR no contaba con autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) para la realización de sorteos, lo que refuerza la ilegalidad del esquema.
La acusación sostiene que Durand Espínola y Román Fernández se beneficiaron personalmente del esquema, obteniendo ganancias financieras individuales pese a que las empresas registraban reiteradas pérdidas operativas. Los fondos fueron obtenidos, según la Fiscalía, principalmente de personas de bajos y medianos ingresos.
La fiscal Sánchez Saldívar considera que los hechos investigados configuran con claridad el tipo penal de estafa y que existen elementos suficientes para que ambos acusados sean juzgados públicamente.
