El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos del departamento de Alto Paraná, presentó acusación contra una mujer de 19 años por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación, estafa mediante sistemas informáticos y lesión de confianza.
El requerimiento conclusivo fue formulado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 5 a cargo de la juez Cinthia Garcete, instancia en la que el Ministerio Público solicitó que la causa avance a la siguiente etapa procesal. Según datos de la invetsigación, la acusada se habría desempeñado como vendedora y encargada de salón en la empresa Agro Aceros S.A., donde presuntamente manipuló el sistema informáctico comercial denominado «CEC» entre enero del año 2024 y marzo del año 2025.
Según la hipótesis del Ministerio Público, mediante dichas acciones habría generado comprobantes internos para la salida de mercaderías, alterado registros del sistema y modificado datos relacionados con el stock de productos, permitiendo supuestamente el retiro irregular de artículos del depósito de la firma.
La acusación sostiene además que las operaciones habrían sido posteriormente ocultadas mediante modificaciones en los registros informáticos. Entre las presuntas maniobras detectadas figuran el registro de mercaderías de mayor valor como si fueran productos de menor costo, así como la facturación y posterior cancelación de determinadas operaciones comerciales.
Las irregularidades fueron detectadas luego de una auditoría interna realizada por la empresa, la cual habría constatado un perjuicio patrimonial superior a Gs. 80 millones. Asimismo, se reportó una diferencia de más de Gs. 10 millones que, según los antecedentes de la causa, no habría sido rendida. La invetsigación se inició tras una denuncia presentada por los representantes legales de la firma, quienes advirtieron inconsistencias en el stock de diversos productos del rubro ferretero.
Entre los artículos involucrados se encuentran clavos, alambres, catracas, balanzas, sanitarios y herramientas en general. El Ministerio Público señala que los hallazgos de la auditoría fueron respaldados por un informe pericial contable y por los inventarios realizados por la administración de la empresa. Estos elementos habrían confirmado diferencias entre los registros del sistema y la existencia real de mercaderías.
Asimismo, durante la investigación se incorporaron testimonios de personas vinculadas a la firma, quienes señalaron que la funcionaria habría atribuido las inconsistencias a supuestas fallas recurrentes del sistema informático. Según los declarantes, algunos pedidos y entregas de mercaderías no habrían sido posteriormente regularizados mediante el sistema de facturación correspondiente.
Con base en los elementos reunidos, la Fiscalía concluyó que existen suficientes indicios para sostener la acusación por los hechos punibles de apropiación, estafa mediante sistemas informáticos y lesión de confianza, por lo que solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
