El Ministerio Público, a través de los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín, presentó acusación contra una mujer imputada por su participación en el millonario asalto registrado en la vivienda de un empresario y su esposa, magistrada de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La procesada enfrenta cargos por robo agravado y asociación criminal, previstos en los artículos 167 y 239 del Código Penal, en concordancia con el art. 29. Actualmente permanece recluida en prisión preventiva.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 23 de diciembre del año 2024, entre las 01:00 y 01:30 horas, en una casa ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente de Ciudad del Este.
Ese día, un grupo armado integrado por varios hombres encapuchados ingresó violentamente al domicilio y, tras reducir a las víctimas, se alzó con la suma de Gs. 810.000.000 en efectivo, además de una escopeta calibre 12 y el DVR del sistema de seguridad.
Los asaltantes lograron huir tras el atraco, pero la investigación permitió individualizar a los involucrados, varios de los cuales ya están recluidos y otro permanece prófugo.
De acuerdo con la investigación, la mujer acusada cumplió la función de conductora del vehículo de fuga, una camioneta Kia Sportage blanca, chapa AASE-158. Imágenes de cámaras de seguridad corroboraron que aguardaba frente a la residencia para recoger a los demás integrantes de la banda con el botín.
En un allanamiento posterior, la Fiscalía incautó la suma de Gs. 14.050.000 en billetes, parte de los cuales fueron identificados como pertenecientes a las víctimas gracias a marcas hechas por las hijas del matrimonio. Además, se incautó la camioneta utilizada y un contrato de compraventa de un Kia Sorento.
Con las pruebas colectadas, la Fiscalía concluyó que la acusada tenía pleno conocimiento del plan criminal y aportó la logística para su ejecución, por lo que su conducta se encuadra en los delitos de robo agravado y asociación criminal en carácter de autora.
En consecuencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la juez Cinthia Garcete, la elevación de la causa a juicio oral y público.
