La fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, presentó acusación formal y solicitó la apertura de juicio oral y público contra seis personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al cultivo, procesamiento y tráfico de marihuana desde Paraguay hacia Brasil.
Los procesados son Aníbal Obregón, Lidia Soledad Armoa, Héctor José Ramírez Morínigo, César Javier Flor Villamayor, Jeferson Alexandre de Oliveira y Cristino Silvero Báez, quienes habrían operado entre diciembre del año 2023 y septiembre del 2024 en los departamentos de San Pedro y Amambay. De acuerdo con la Fiscalía, la red estaba estructurada jerárquicamente bajo el liderazgo de Ismael Obregón Chena, actualmente prófugo de la justicia.
La investigación, desarrollada bajo el nombre de “Caso Distorted”, incluyó escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, seguimientos, allanamientos y análisis periciales. Las intervenciones culminaron con la incautación de más de 1.300 kilogramos de marihuana, la destrucción de cultivos y campamentos clandestinos y la detención de varios miembros clave del esquema.
Entre los elementos probatorios se encuentran comunicaciones interceptadas entre los procesados, en las que coordinaban envíos de cargamentos, pagos a autoridades para facilitar el paso de vehículos y detalles logísticos del traslado de marihuana prensada hacia puntos fronterizos como Puerto Indio y Ciudad del Este, desde donde era introducida al Brasil.
Además, la investigación reveló la existencia de plantaciones “indoor” con sistemas avanzados de riego e iluminación, destinadas a cultivar variedades genéticamente modificadas con altos niveles de THC. Se estima que el perjuicio económico causado a la organización por la desarticulación asciende a más de Gs. 14.790 millones, según el Observatorio Paraguayo de Drogas.
El Ministerio Público acusa a los implicados por hechos punibles relacionados con la producción, acopio, tráfico y comercialización de drogas, asociación criminal y, en el caso de un funcionario policial, cooperación con organización delictiva desde su cargo público. La causa ha sido elevada al Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del segundo turno, a cargo del juez Osmar Legal, quien deberá resolver sobre la apertura del juicio oral en los próximos días.
