El Ministerio Público anunció la apertura de una auditoría interna en relación con la causa que involucra a Fátima Saucedo y al médico Germano Gernhofer, luego de que el juzgado otorgara la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año a ambos procesados.
La medida fue dispuesta por el juez Miguel Palacios durante la audiencia preliminar, tras el pedido formulado por las defensas técnicas de los imputados y el allanamiento de la fiscal Silvia González. En ese contexto, el magistrado consideró procedente la salida alternativa atendiendo a la baja expectativa de pena de los hechos atribuidos.
La causa es llevada adelante por la agente fiscal Silvia González, quien sostuvo que la suspensión condicional del procedimiento resulta adecuada conforme a la calificación jurídica de los hechos investigados, vinculados al uso y expedición de certificados de salud de contenido falso.
El Ministerio Público había acusado a Saucedo por el supuesto hecho punible de uso de certificado de salud de contenido falso, previsto en el art. 256 del Código Penal, mientras que Gernhofer fue procesado por la presunta expedición de dichos documentos, conforme al art. 254 del mismo cuerpo legal.
Durante la audiencia, los abogados defensores Federico Hetter y Mario Bobadilla argumentaron que correspondía la aplicación de una salida alternativa debido a que los delitos imputados contemplan penas relativamente bajas. Asimismo, señalaron que no se produjo un perjuicio patrimonial, ya que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realizó los descuentos correspondientes por las ausencias detectadas.
En su resolución, el juez dispuso que ambos procesados cumplan con ciertas reglas de conducta durante el plazo fijado, entre ellas la donación de Gs. 10 millones cada uno a entidades de beneficencia, como condición para la suspensión del proceso. No obstante, la decisión generó cuestionamientos en distintos sectores, lo que motivó al Ministerio Público a anunciar la realización de una auditoría sobre la actuación en la causa, a fin de evaluar el desarrollo del proceso y las decisiones adoptadas.
De acuerdo con los antecedentes, la investigación se originó a partir de la utilización de certificados médicos falsos por parte de Saucedo para justificar ausencias en su puesto como funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá durante el año 2022. En ese periodo, se la habría visto participando en actividades proselitistas vinculadas a la campaña del entonces candidato y actual presidente Santiago Peña.
Según los elementos recabados, algunos certificados presentaban inconsistencias en fechas y registros médicos. Por ejemplo, se menciona la presentación de documentos con fechas retroactivas sin respaldo en consultas médicas registradas en centros asistenciales, lo que fue respaldado por informes institucionales.
Asimismo, pericias realizadas por una junta médica habrían concluido que ciertos reposos consignados no pudieron haber sido otorgados de manera legítima, lo que sustentó la imputación fiscal en contra de ambos procesados.
Cabe señalar que en la causa no fue incluido el hecho punible de cobro indebido de honorarios, debido a que la EBY aplicó los descuentos correspondientes una vez detectadas las irregularidades. En consecuencia, la investigación se centró en la presunta falsificación y uso de certificados médicos.
