En una llamativa resolución, el Tribunal de Sentencia integrado por las magistradas Liz Sanabria, Raquel García y Eva Silva condenó al exintendente de San Cosme y Damián, Aníbal Maidana Vera a solo 2 años con suspensión de la ejecución, por hechos de corrupción pública cometidos durante su gestión municipal entre los años 2015 y 2021.
La investigación fiscal reveló una serie de irregularidades administrativas que derivaron en un perjuicio económico de más de Gs. 2.000 millones para la comuna y para el Estado paraguayo.
Durante el juicio, la Fiscalía, representada por la fiscal Irené Raquel Rolón, presentó un abundante caudal probatorio tanto documental como testifical. Entre los principales elementos figuran tres informes conducentes emitidos por la Contraloría General de la República, que confirmaron prácticas irregulares en el manejo de fondos municipales durante la administración de Maidana. Dichas pruebas fueron determinantes para sostener la responsabilidad penal del exjefe comunal.
En su alegato final, la agente fiscal solicitó una pena de 5 años de privación de libertad y la imposición de una sanción patrimonial importante, dadas las múltiples irregularidades detectadas y la magnitud del daño ocasionado. Sin embargo, el Tribunal Colegiado resolvió dictar una pena de 2 años de prisión con suspensión a la ejecución de la condena y una pena patrimonial de Gs. 200 millones.
El Tribunal fundamentó su decisión considerando únicamente la malversación de fondos provenientes de royalties por un monto de Gs. 200 millones, monto que Maidana deberá devolver al Estado paraguayo. Esta valoración reducida contrastó con la acusación fiscal, que estimó un perjuicio total de aproximadamente Gs. 2.000 millones derivado de diversas maniobras irregulares.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el exintendente ejecutó obras municipales que quedaron inconclusas, violó la Ley n.° 2051/03 sobre contrataciones públicas y abusó del mecanismo de contratación directa. Además, autorizó transferencias irregulares de recursos provenientes de royalties y contrató empresas sin capacidad operativa para realizar obras. Entre los hechos más graves señalados figura la firma de un contrato de provisión de combustibles y lubricantes con desembolsos millonarios a favor de su concubina.
El juicio oral y público había iniciado el 27 de octubre del 2025, tras la denuncia y auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó graves violaciones a los procedimientos de adjudicación y ejecución de obras municipales.
Ante esta llamativa resolución, la representación fiscal anunció la presentación de un recurso de apelación. La Fiscalía sostiene que la sanción aplicada no refleja la magnitud del perjuicio ni la gravedad de los hechos cometidos durante la administración de Maidana y buscará que una instancia superior revise la sentencia.
