Entre los meses de enero y septiembre de este año, el Ministerio Público registró un total de 28.421 víctimas de violencia familiar en todo el país, según datos oficiales de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. La cifra representa un promedio de 104 víctimas atendidas por día, lo que evidencia un incremento sostenido respecto a los años anteriores; 95 víctimas diarias en 2023 y 86 en 2022.
El aumento de los casos atendidos refleja tanto una mayor visibilización de la violencia intrafamiliar, como una mayor confianza en el sistema de denuncia y atención, impulsado por las unidades especializadas en violencia de género y familiar del Ministerio Público. De acuerdo con el informe, enero fue el mes con mayor número de atenciones, con 4.036 víctimas, seguido de febrero con 3.484, marzo con 3.446, abril con 2.965, mayo con 2.900, junio con 2.564, julio con 2.833, agosto con 2.877 y septiembre con 3.316 víctimas registradas.
En cuanto a la distribución territorial, el departamento Central concentró el mayor número de causas con 12.587 registros, seguido por Asunción (3.801), Alto Paraná (2.755), Caaguazú (1.512), Itapúa (1.206) y Cordillera (1.006). Las cifras más bajas corresponden a Boquerón (79) y Alto Paraguay (18), aunque el Ministerio Público aclara que ello responde a la densidad poblacional y no necesariamente a una menor incidencia de casos.
En el mismo periodo del año anterior, 2024, la institución había atendido algo más de 27.400 víctimas, lo que equivale a unas 100 víctimas diarias, evidenciando así un aumento de más de 1.000 denuncias adicionales en lo que va del 2025.
La Fiscalía General del Estado enfatizó que la violencia contra las mujeres y las personas del entorno familiar constituye una violación a los derechos humanos fundamentales y recordó que este fenómeno no se limita a la agresión física, sino que incluye también violencia psicológica, sexual, económica y simbólica, así como amenazas, coerción o privación de libertad.
Los datos recopilados refuerzan la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y atención integral, así como la capacitación constante de los operadores del sistema de justicia. Desde el Ministerio Público, se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia familiar o de género, recordando que existen mecanismos de atención disponibles las 24 horas.
