El Fiscal General del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de una causa penal para investigar la denuncia presentada contra el expresidente del Intituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez Acosta, además de otros exfuncionarios y particulares, por supuestas irregularidades detectadas en al menos cinco procesos licitatorios adjudicados durante su administración, cuyo monto global asciende a Gs. 391.574.472.965.
La resolución fue firmada este 27 de mayo luego de que la Dirección del Gabinete Fiscal remitiera el memorando D.G.F. N.º 364, mediante el cual se solicitó formalmente la apertura de la investigación y la conformación de un equipo especializado de agentes fiscales para intervenir en el caso. La denuncia había sido presentada el 13 de mayo por los abogados Juan José Bemis y María Muñoz, quienes señalaron supuestas irregularidades administrativas y financieras en diversos procedimientos de contratación realizados en el IPS.
Entre los denunciados figura además Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, quien se desempeñó como gerente de Abastecimiento y Logística del IPS desde agosto del año 2023 hasta finales de febrero del 2026. La denuncia también alcanza a otras personas cuyos nombres no fueron detallados en la resolución dada a conocer por el Ministerio Público. De acuerdo con el documento oficial, los hechos denunciados podrían configurar los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, malversación de fondos y otros ilícitos que eventualmente surjan durante el desarrollo de la investigación penal.
La causa quedó bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, responsable de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero. La investigación será llevada adelante por los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González, ambos pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
En la resolución, la Fiscalía General sostuvo que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, tiene la obligación de impulsar las investigaciones y arbitrar los mecanismos necesarios para reunir elementos de convicción, preparar eventuales acusaciones y esclarecer los hechos denunciados.
Asimismo, el documento remarca que, atendiendo a la complejidad y magnitud económica del caso, resultaba oportuno conformar un equipo fiscal especializado para optimizar las tareas investigativas y determinar si existió un eventual perjuicio patrimonial al IPS o al Estado paraguayo.
La disposición también menciona la nota remitida por la fiscal adjunta Nancy Salomón, identificada como F.A.U.D.E.A.L.D. N.º 392, en la que se informó sobre los antecedentes preliminares del caso y la necesidad de asignar la causa a fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción. La investigación se desarrollará en el marco de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Ministerio Público por los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional, así como por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Hasta el momento, las autoridades no detallaron cuáles son específicamente las licitaciones cuestionadas ni el presunto esquema irregular denunciado. Tampoco se informó si existen imputaciones formuladas o medidas investigativas en curso contra los denunciados.
La denuncia apunta, en primer término, al exgerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, a quien los denunciantes señalan como responsable técnico de la planificación y ejecución de los llamados cuestionados.
También fueron denunciados el extitular del Consejo de Administración del IPS, Jorge Magno Brítez Acosta; los exconsejeros Gustavo Alberto González Maffiodo, Carlos Alberto Pereira Olmedo, José Emilio Argaña Contreras, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich y José Jara Rojas; así como la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
Según la denuncia, las adjudicaciones habrían sido aprobadas sin contar, en algunos casos, con estudios de mercado, dictámenes técnicos, análisis de costo/beneficio o justificación suficiente de la necesidad institucional, requisitos contemplados en la Ley Nº 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas. Los denunciantes sostienen que estas omisiones pudieron haber derivado en un perjuicio patrimonial para la previsional y, en consecuencia, para el fondo de salud financiado con aportes de trabajadores y empleadores.
Entre los llamados incluidos en la presentación figuran la licitación para el servicio integral de higienización, desinfección y provisión de textiles hospitalarios, adjudicada por Gs. 160.000 millones; un sistema de gestión integral de aportes obrero/patronales y recaudaciones, por Gs. 122.767 millones; servicios de desinfección de acción prolongada, por Gs. 43.017 millones; un servicio integral de conservación y gestión ambiental externa, por Gs. 44.597 millones y un contrato para servicios de fumigación, por Gs. 21.192 millones.
