El Ministerio Público formuló imputación contra tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de Gs. 1.100 millones pertenecientes al ente estatal hacia cuentas personales, mediante un esquema que habría involucrado la manipulación de sistemas informáticos y registros contables.
La imputación fue presentada por un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, conformado por Belinda Bobadilla y Laura Giacummo, por disposición del fiscal general del Estado. Los hechos investigados estarían relacionados con transferencias irregulares realizadas entre los años 2023 y 2025, desde cuentas institucionales de Copaco hacia cuentas particulares de funcionarios y terceros.
Según la hipótesis fiscal, el esquema habría consistido en el acceso indebido a los sistemas informáticos y bancarios de la institución, con el objetivo de simular pagos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando la cancelación de obligaciones municipales. No obstante, los fondos habrían sido redirigidos a cuentas personales, sin respaldo documental legítimo.
Entre los imputados se encuentra el entonces gerente administrativo financiero, sindicado como presunto autor de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos. Asimismo, fue imputado el jefe del Departamento de Tesorería, en carácter de presunto cómplice del delito de lesión de confianza y un funcionario del área de informática, señalado como presunto autor de la alteración de datos relevantes en los sistemas contables del ente.
La maniobra habría sido detectada a inicios de enero de este año, cuando se identificaron registros contables que consignaban facturas municipales por montos inusualmente elevados, lo que motivó verificaciones internas. Posteriormente, se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando rastros en las pistas de auditoría del sistema, así como inconsistencias en documentos presentados, que no coincidían en montos, numeración ni cantidad con los registros originales.
Ante estas irregularidades, la máxima autoridad de Copaco dispuso una auditoría interna, la cual permitió identificar transferencias bancarias irregulares por un monto superior a Gs. 1.100 millones, realizadas desde cuentas institucionales hacia cuentas personales durante el período investigado.
En su requerimiento, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos de sospecha reunidos hasta el momento. La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y establecer el alcance total del presunto esquema de desvío de fondos públicos.
