Respecto a los allanamientos realizados en la víspera en torno a la investigación por la presunta rosca en el negociado de la concesión de la quiniela y tragamonedas, la fiscal María Estefanía González manifestó que llegaron a verificar un lugar y que se encontraron con que no eran las oficinas de TDP S.A, que era una empresa privada, pero que sería también de la familia de Álvaro Wasmosy, de igual forma se incautaron documentos y algunos depósitos en referencia al caso.
«El allanamiento se realizó para reunir documentos que puedan fortalecer la investigación con datos y justamente en eso se basó la imputación, a efectos de cotejar, con informes de otras instituciones. Además, se intervinieron las computadoras, donde tienen el sistema que controla los lugares que emplean juegos de azar, por lo que serán requeridos para luego ser analizados por la Fiscalía», indicó.
Con respecto a la quiniela, la agente del Ministerio Público mencionó que Conajzar debe basarse en una Ley existente ya, la cual le obliga a la institución a verificar las empresas que se presentan para dichas licitaciones, a fin de que cumplan esos requisitos.
“También tienen varias obligaciones que le impone la Ley, como el control de los premios no entregados, de todo lo que se trata de juegos de azar y en este caso existen irregularidades en el sentido de que son puntos importantes, para que pueda acceder a ese poder que le da Conajzar. Sin embargo, ellos no presentaron eso, por ejemplo, uno de los informes que recibimos es de Tributación, donde existen documentos que ellos no están aportando los tributos que les son exigidos, ya que deben estar al día con el fisco y encontramos que existe una gran deuda”, explicó González.
Referente a los tragamonedas, sostiene la fiscal que se presume que le dan el control a una firma, cuestión que tampoco se puede, ya que para eso están las gobernaciones y los municipios, que son los encargados de verificar todo lo referente al juego.
“Hay que recalcar que encontramos esos aparatos en todos los lugares, por ende, están expuestos a niños que podrían desarrollar ludopatía, lo que también está ocurriendo en la actualidad. Asimismo, se cuenta con un informe de la Procuraduría, en el cual ellos solicitan un dictamen para la quita, justamente, que es para el descuento del 50% y por medio de este, resulta el perjuicio patrimonial que el Estado sufre, es lo que hasta el momento tenemos verificado en la carpeta fiscal», dijo la fiscal.
El tema de las empresas a las que fueron adjudicadas, se pidió informes a los que fueron beneficiados, en este caso el iCrop, que es la empresa reguladora, a la que le dio poder Conajzar para que pueda encargarse de todo el tema de tragamonedas.
“En eso estamos nosotros con los informes. Pero, eso no significa que no haya una ampliación de la imputación, cuando reúna todos los elementos como para que pueda ampliar la imputación contra más personas”, explicó.
