La agente fiscal Vivian Coronel confirmó la apertura de una investigación penal tras la denuncia presentada por padres de alumnos de una institución educativa privada de Ciudad del Este, quienes expresaron preocupación por la presencia de cámaras de seguridad instaladas en los sanitarios utilizados por estudiantes varones.
Según explicó la representante del Ministerio Público, la Fiscalía recibió formalmente un reporte por parte de los padres, quienes solicitaron la intervención de las autoridades ante la inquietud generada por la ubicación de los dispositivos de videovigilancia. De acuerdo con lo expuesto, las cámaras se encontraban instaladas en el interior de los baños, específicamente en la parte central del techo.
La agente del Ministerio Público aclaró que los denunciantes no formularon acusaciones concretas contra personas determinadas, sino que pusieron los hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objetivo de que se verificara si la instalación de dichos equipos podría representar una vulneración de los derechos de los estudiantes.
Tras recibir la comunicación, la agente fiscal realizó una intervención en la institución educativa para constatar la existencia de los dispositivos de vigilancia en los sanitarios. Posteriormente y mediante autorización judicial, se dispuso la incautación de los DVR correspondientes al sistema de cámaras, con el propósito de someterlos a pericias técnicas especializadas.
La investigación busca determinar diversos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema, entre ellos si las cámaras efectivamente captaban imágenes dentro de los baños, cómo eran almacenadas dichas imágenes y quiénes tenían acceso a ellas. Coronel señaló además que uno de los puntos de preocupación radica en que, si las grabaciones eran almacenadas en plataformas digitales o en la nube, podrían existir riesgos vinculados a accesos no autorizados, vulneraciones informáticas o posibles usos indebidos del material registrado.
Actualmente, el Ministerio Público aguarda la extracción y el análisis de los datos contenidos en los equipos incautados. Los resultados de estas pericias permitirán confirmar o descartar las preocupaciones planteadas por los padres y determinar si existió alguna conducta con relevancia penal.
Por su parte, la institución educativa manifestó que la instalación de las cámaras respondió a objetivos relacionados con el fortalecimiento de las medidas de seguridad dentro del establecimiento. No obstante, la Fiscalía también investiga quién o quiénes eran responsables de monitorear las imágenes y administrar el sistema de vigilancia.
La causa se encuentra en etapa inicial y las diligencias continúan con el fin de esclarecer las circunstancias del caso y establecer si la instalación y eventual utilización de los dispositivos se ajustaron a la normativa vigente y a la protección de los derechos de los estudiantes.
