Con relación a la desaparición o hurto de un frasco de 10 dosis de vacunas Covaxin, proveniente de la India, el fiscal Julio César Ortiz abrió una causa penal a fin de indagar la denuncia. Supuestamente un licenciado del Hospital General San Lorenzo de Calle’i ofreció la vacuna al entrenador de un médico a cambio de dinero.
En el marco de la investigación, prestó declaración el Director del Hospital referido, Dr. Alberto Prats, así mismo el fiscal adelantó que otras personas serán convocadas, como la viceministra Dra. Lidia Sosa, quien fue la que recibió la denuncia a través de un audio, enviado por un médico denunciando la presunta venta.
La denuncia fue realizada el pasado 16 de abril, por el abogado Alejandrino Ortiz López, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud.
Salud indaga vacunación a senadora
Por su parte, ante las denuncias sobre la supuesta vacunación de la Senadora Mirta Gusinky, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social inicia la investigación de oficio, a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica para esclarecimiento de lo ocurrido.
En conferencia de prensa, presentaron dos documentos de “consentimiento informado” con los nombres de personas que han sido vacunadas de manera irregular, según denuncias vertidas al respecto. Es así que a doctora Leticia Pintos, Directora General de Desarrollo de Redes y Servicios de Salud, indicó que las denuncias ya están siendo investigadas, mientras que responsables de haber permitido esta irregularidad, fueron apartados de sus cargos.
Las autoridades sanitarias informaron la vacunación de la senadora Mirta Gusinky y del exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann Cresta. En nombre de ambas personas fueron firmadas, actas de consentimiento.
De acuerdo a datos preliminares, una brigada fue hasta la vivienda de la parlamentaria para aplicar la vacuna, haciendo la salvedad que ninguna dosis fue desperdiciada.
El Dr. Guillermo Sequera, Director de Vigilancia de la Salud, manifestó que esta denuncia se da en el marco de la trasparencia que permite el agendamiento de la población para recibir la vacuna y que también permite a la ciudadanía ser contralores de la utilización de este bien público.
