La agente fiscal Susana González, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, formuló imputación contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de trata de personas y comercialización de alimentos nocivos, tras un allanamiento interinstitucional realizado en una vivienda situada en la zona del Jardín Botánico de Asunción.
El procedimiento se llevó a cabo el 17 de diciembre, con la participación de fiscales de la unidad especializada y funcionarios de la Dirección de Derechos Étnicos, en coordinación con personal de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional y con el acompañamiento del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Durante la intervención, las autoridades constataron la presencia de tres adolescentes, uno de ellos perteneciente a una comunidad indígena, provenientes de los departamentos de Canindeyú y Caaguazú. Conforme a los elementos preliminares recabados, los jóvenes habrían sido contactados por el propietario del inmueble, un hombre mayor de edad, a través de sus padres, con la promesa de oportunidades laborales y generación de ingresos para sus familias.
Según la investigación del Ministerio Público, los adolescentes eran utilizados para la elaboración de alimentos en condiciones insalubres, los cuales posteriormente eran enviados a distintos puntos de la ciudad para su comercialización. La recaudación obtenida por estas actividades era entregada al presunto responsable, quien llevaba un registro diario de las ventas realizadas.
Asimismo, se verificó que los adolescentes residían en el inmueble allanado en condiciones de extrema precariedad, lo que motivó la inmediata intervención de los organismos de protección. En ese contexto, la Fiscalía solicitó la participación de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, a fin de disponer la aplicación de las medidas de resguardo necesarias para la protección integral de los derechos de los adolescentes afectados.
La investigación continúa a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes, conforme al marco legal vigente.
