Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez prosiguieron con la exposición de sus alegatos finales en el juicio oral seguido a la exfiscal de San Lorenzo Ana Girala y a otros seis acusados, en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de apriete y extorsión dentro de una unidad del Ministerio Público. Solicitaron 12 años de cárcel para Girala.
El proceso se desarrolla ante un Tribunal de Sentencia Especializado integrado por las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres. Además de Girala, se encuentran acusados Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente fiscal; Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo y los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles.
Según la tesis del Ministerio Público, no se trata de hechos aislados, sino de una estructura organizada en la que cada integrante cumplía un rol específico con el objetivo de sostener un mecanismo continuo de cobros indebidos a cambio de beneficios procesales.
Durante esta etapa del juicio, los representantes del Ministerio Público expusieron diversos hechos que, a su criterio, evidencian un patrón sistemático de conducta. Entre ellos, mencionaron un episodio de noviembre del año 2022 en el que presuntamente se solicitó la suma de Gs. 1.000.000 para la devolución de una motocicleta incautada, situación que, según indicaron, quedó documentada en conversaciones incorporadas como prueba.
En otro caso, vinculado a una causa por abuso sexual en niños, sostienen que se habría requerido el pago de Gs. 3.000.000 a cambio de modificar la calificación jurídica del hecho, con la intervención de un abogado de confianza.
La acusación también incluye otros episodios en los que, de acuerdo con la Fiscalía, se otorgaban plazos o prórrogas a imputados para reunir sumas de dinero, así como un caso en el que se habrían solicitado Gs. 2.000.000 para evitar una imputación. Para los fiscales, estos elementos permiten sostener la existencia de un esquema reiterado de cobros ilegales dentro de la unidad fiscal, con una dinámica de funcionamiento coordinada.
En su argumentación, el Ministerio Público atribuye a la exfiscal Girala la presunta comisión de varios hechos punibles, entre ellos asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes, configurando, según la acusación, un concurso real de delitos. Asimismo, los fiscales sostienen que la conducta habría sido ejecutada con dolo directo y con aprovechamiento del cargo, en articulación con funcionarias y abogados.
Como agravantes, los acusadores señalaron la planificación de los hechos, su reiteración en el tiempo, la cantidad de personas afectadas y el impacto institucional derivado de las conductas investigadas, en particular en lo que respecta a la credibilidad del Ministerio Público. También indicaron que no se registran acciones de reparación del daño ni manifestaciones de arrepentimiento por parte de la principal acusada.
En ese contexto, los fiscales Cabrera y Valdez solicitaron al Tribunal la imposición de una pena de 12 años de prisión para Ana Girala, al considerar acreditada su responsabilidad penal en los hechos expuestos. El juicio continúa en etapa de alegatos finales, tras lo cual el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia.
