La agente fiscal Vivian Coronel solicitó penas de 17 y 18 años de prisión para las acusadas Olga Bogado y Rufina Salinas, respectivamente, en el marco del juicio oral y público en el que ambas son procesadas por presunta trata de personas en la modalidad de servidumbre, cuya víctima fue una adolescente de 16 años.
Durante la presentación de los alegatos finales, la representante del Ministerio Público sostuvo que las pruebas producidas durante el debate permiten concluir que la menor fue sometida durante aproximadamente siete meses a un régimen de servidumbre, trabajos forzados y maltratos físicos y psicológicos, lo que, según la acusación, constituyó una grave vulneración de su dignidad y de su libertad personal.
El juicio oral se está desarrollando durante cerca de cinco meses, desde octubre del año pasado, período en el que se produjo un amplio caudal probatorio que incluyó testimonios, informes médicos y psicológicos, así como otros elementos incorporados al proceso. Según la acusación, la adolescente fue inicialmente convencida por una de las acusadas con el argumento de que recibiría formación religiosa dentro de una congregación. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, una vez trasladada al lugar la menor habría sido sometida a condiciones de servidumbre.
De acuerdo con los antecedentes presentados en el juicio, la adolescente fue llevada inicialmente a un establecimiento ubicado en el departamento de Alto Paraná, donde permaneció por un breve periodo antes de ser trasladada posteriormente hasta la ciudad de Luque, donde pasó la mayor parte del tiempo bajo la custodia de las acusadas.
Durante ese lapso, conforme a lo expuesto por la fiscal, la víctima habría permanecido bajo control permanente, con restricciones para comunicarse con su familia y sin posibilidad de decidir libremente sobre sus condiciones de vida o trabajo. Los testimonios e informes incorporados al expediente también describen presuntos episodios de maltrato físico, presión psicológica y tareas domésticas exigentes.
La investigación se inició luego de que la madre de la adolescente denunciara ante la Policía Nacional la desaparición de su hija, al desconocer su paradero y no poder mantener comunicación directa con ella. Conforme a lo expuesto durante el juicio, tras la apertura de la investigación penal y las diligencias fiscales, la adolescente fue dejada cerca de su domicilio, lo que permitió posteriormente activar los mecanismos de protección correspondientes.
Tras la exposición de los alegatos finales tanto del Ministerio Público como de la defensa, el Tribunal de Sentencia dispuso que el proceso continuará el próximo 20 de marzo, a las 13:30hs, oportunidad en la que se desarrollarán las etapas de réplica y dúplica. Posteriormente, el tribunal podría deliberar y emitir la sentencia correspondiente. La decisión final determinará la responsabilidad penal o no de las acusadas conforme a los hechos analizados durante el juicio oral.
