El fiscal Silvio Corbeta presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que declaró prescripta la causa abierta por supuesta tentativa de estafa a favor del expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Luis Ortigoza.
El Ministerio Público solicitó al máximo tribunal que anule el A.I. Nº 48 del 23 de fecha febrero del 2026, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala y que se confirme la resolución previa de la magistrada Clara Ruiz Díaz, quien en septiembre del año 2025 había resuelto elevar el caso a juicio oral y público. El tribunal de alzada que otorgó la prescripción estuvo integrado por los camaristas Jesús María Riera, Camilo Torres y Paublino Escobar. La decisión se adoptó por mayoría, mientras que Escobar emitió su voto en disidencia.
Según el planteamiento de la Fiscalía, el Tribunal de Apelaciones interpretó de forma incorrecta las normas sobre prescripción previstas en el Código Penal. En particular, el fiscal sostiene que no se tuvo en cuenta que Ortigoza permaneció en estado de rebeldía durante un periodo de cinco años, siete meses y quince días, circunstancia que, de acuerdo con el Ministerio Público, debe suspender el cómputo del plazo de prescripción.
El Tribunal de Alzada consideró que el plazo para la persecución se encontraba vencido, al entender que transcurrió el doble del tiempo previsto para la prescripción. En ese análisis, el tribunal fijó como punto de partida el 09 de agosto del año 2013, fecha en la que habría culminado la conducta investigada, concluyendo que la acción penal prescribió el 09 de agosto del 2023.
El recurso presentado ante la Corte sostiene que la rebeldía constituye un obstáculo que impide la prosecución del proceso y que, conforme a lo establecido en el art. 103 del Código Penal, suspende el plazo de prescripción mientras dicha situación se mantiene. En ese sentido, el Ministerio Público argumenta que la imposibilidad de avanzar en la persecución penal durante ese periodo no puede ser atribuida ni al órgano jurisdiccional ni a la Fiscalía.
En el marco de esta misma causa, otros exfuncionarios del INDERT ya fueron juzgados en un juicio oral y público. En el 2023 fueron condenados el exdirector regional de Amambay, Ostaciano López González a seis años de prisión, así como Andrés Francisco Arguello, Enrique Duarte López y Osmar Orlando Escobar Núñez, quienes recibieron penas de dos años y seis meses de cárcel.
Durante ese juicio, la Fiscalía sostuvo que entre el 26 de julio y el 09 de agosto del 2013 se habrían realizado trámites y actos administrativos destinados a adjudicar la titularidad de un inmueble donde funciona el aeropuerto de Capitán Bado, en el departamento de Amambay. Según la acusación, el terreno habría sido asignado irregularmente a un supuesto beneficiario de la reforma agraria identificado como Ali Hatem Barakat Barakat.
La Corte Suprema deberá ahora analizar el recurso de casación presentado por el Ministerio Público y determinar si corresponde revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones o confirmar la prescripción declarada en favor del ex titular del ente agrario.
