El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelaciones la confirmación íntegra de la sentencia condenatoria dictada contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien fue hallado culpable en un proceso penal por hechos vinculados a irregularidades en la administración de fondos públicos.
La petición fue formulada por el agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta, en el marco de la revisión del fallo de primera instancia.
En la misma presentación, la Fiscalía requirió que se mantenga la condena impuesta al empresario Alberto Koube Ayala, quien también fue juzgado y sentenciado en el referido proceso. Ambos fueron condenados por el Tribunal de Sentencia tras comprobarse la existencia de un esquema de direccionamiento de licitaciones dentro de la SEN, que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.
Según el planteamiento del Ministerio Público, la resolución judicial cumple con las exigencias legales y constitucionales, al encontrarse debidamente fundada tanto en la valoración de las pruebas producidas durante el juicio oral como en la correcta aplicación de las normas penales pertinentes. El fiscal sostuvo que no se advierten vicios procesales ni errores jurídicos que justifiquen la modificación o anulación del fallo.
Durante el debate oral se acreditó que, entre los años 2018 y 2021, diversas contrataciones públicas fueron adjudicadas a empresas vinculadas a Koube Ayala por montos millonarios. De acuerdo con los antecedentes del caso, estas operaciones habrían sido realizadas en condiciones irregulares, generando un daño patrimonial significativo al erario público.
Asimismo, el fallo de primera instancia tuvo por probado que el exministro habría recibido beneficios indebidos como contraprestación por las adjudicaciones, los cuales incluyeron bienes de alto valor y otros servicios.
En función de estos hechos, Roa fue condenado como autor de varios delitos contra la administración pública, mientras que Koube Ayala recibió condena en carácter de instigador y partícipe de los hechos punibles investigados. Ahora, será el Tribunal de Apelaciones el encargado de resolver si la sentencia queda firme o si corresponde alguna modificación.
