En el marco de la investigación conocida como “mafia del pagaré”, los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce solicitaron la aplicación de salidas alternativas para dos de los acusados, tras la admisión de los hechos y su colaboración con el Ministerio Público.
Se trata de la exactuaria Martina Rivela y del exujier Arturo Ayala, quienes, según la Fiscalía, aportaron información relevante para el avance de la causa. En sus declaraciones, ambos habrían señalado irregularidades en el funcionamiento del juzgado, incluyendo la actuación de la juez de paz suspendida Analía Cibils.
En relación con Rivela, los fiscales requirieron la aplicación de un procedimiento abreviado, con una expectativa de condena de dos años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución. El Ministerio Público argumentó que el reproche penal se vio atenuado debido a la admisión de los hechos y a su cooperación con la investigación. Como parte de las condiciones, se propuso una donación de Gs. 40 millones, además de otras medidas que deberá evaluar el juzgado competente.
Respecto a Ayala, la Fiscalía se allanó a la suspensión condicional del procedimiento, destacando que el exujier proporcionó elementos considerados relevantes, entre ellos una agenda personal que documentaría la mecánica de su trabajo, incluyendo presuntas prácticas de notificación irregular, así como fotografías que serían incorporadas como prueba y eventualmente valoradas en un eventual juicio oral y público.
En este caso, se solicitó como regla de conducta una donación de Gs. 80 millones, entre otras condiciones.
Durante la audiencia, los fiscales fundamentaron sus pedidos señalando que los hechos atribuidos se encuadran, en el caso de la exactuaria, en figuras como el uso de documentos públicos de contenido falso y la producción mediata de documentos públicos falsos, en calidad de autora. Asimismo, se hizo referencia a la reiteración de conductas, mencionándose la existencia de múltiples hechos dentro del esquema investigado.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, la funcionaria habría reconocido su participación de manera libre y voluntaria, explicando su rol dentro de la tramitación de expedientes y la dinámica interna de la oficina judicial. Los fiscales también indicaron que, conforme a sus declaraciones, existían prácticas reiteradas vinculadas a la gestión de notificaciones y al manejo de expedientes, aspectos que forman parte del objeto de investigación.
Las solicitudes de salidas alternativas deberán ser analizadas por el órgano jurisdiccional competente, que evaluará tanto los requisitos legales como la proporcionalidad de las medidas planteadas. Mientras tanto, la causa principal continúa su curso respecto a otros procesados y a los hechos aún pendientes de esclarecimiento.
