Con la lectura del auto de apertura a juicio y sin incidentes previos, comenzó el juicio oral y público contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes enfrentan una acusación por el supuesto hecho punible de tentativa de contrabando.
El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Matías Garcete, Adriana Planás y Elsa García. El inicio de la audiencia registró aproximadamente una hora y media de retraso debido a la demora en el traslado de los acusados por parte de la Policía hasta la sede del Poder Judicial. Tanto Kueider como Guinsel cumplen arresto domiciliario desde diciembre del año 2024.
La acusación del Ministerio Público sostiene que, en diciembre del año 2024, los procesados habrían intentado ingresar al país con más de 200.000 dólares estadounidenses, además de otras divisas, sin realizar la declaración correspondiente ante la autoridad competente, circunstancia que dio origen a la investigación por supuesta tentativa de contrabando.
Durante el inicio del juicio, el fiscal Ysrael Villalba solicitó al Tribunal que, conforme a lo previsto en el art. 400 del Código Procesal Penal, se advierta a las partes sobre la posibilidad de que los hechos objeto de acusación puedan también subsumirse en la modalidad prevista en el inciso D del art. 336 del Código Aduanero, además de la modalidad actualmente contenida en la acusación.
El representante del Ministerio Público explicó que la plataforma fáctica de la causa no sufriría modificación alguna, ya que el objeto del juicio está determinado por los hechos atribuidos y no por la calificación jurídica, la cual puede variar durante el proceso siempre que se respeten las garantías de defensa.
Según expuso, la acusación fue presentada originalmente bajo una modalidad específica del delito de contrabando prevista en el mismo artículo del Código Aduanero. Sin embargo, sostuvo que, atendiendo a las circunstancias acreditadas en la investigación, la conducta también podría encuadrarse en la modalidad contemplada en el inciso D de dicha disposición legal.
El fiscal señaló que esta eventual adecuación jurídica no implica alterar el relato de los hechos ni incorporar nuevos elementos acusatorios, sino únicamente advertir una posible alternativa legal para la valoración que eventualmente realice el Tribunal al momento de dictar sentencia.
Asimismo, manifestó que desde el inicio del proceso el caso fue investigado como una presunta tentativa de contrabando y recordó que la legislación contempla reglas específicas para esta figura, por lo que solicitó que la advertencia sea incorporada oportunamente al debate. Villalba aclaró igualmente que el Ministerio Público no descarta las demás calificaciones jurídicas ya sostenidas en la acusación y anunció que la petición concreta respecto a la pena será formulada recién durante la etapa de alegatos finales.
Con el inicio del juicio oral, el Tribunal continuará con la producción de las pruebas ofrecidas por las partes antes de emitir una decisión sobre la responsabilidad penal de los acusados.
