El juicio oral y público contra la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros seis acusados por un presunto esquema de coimas y extorsión en el Ministerio Público, ingresó a su etapa final con el inicio de los alegatos finales por parte de los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, quienes deberán dictar sentencia una vez concluidas las exposiciones de las partes.
Además de Girala, están acusados Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente fiscal; Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles.
Según la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían integrado un esquema coordinado para solicitar y recibir sumas de dinero a cambio de ofrecer “soluciones” en causas penales, incluyendo salidas procesales favorables. La Fiscalía atribuye a Girala la calidad de autora de varios hechos punibles, entre ellos extorsión, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el esquema operaba a través de intermediarios, principalmente abogados y funcionarios de la propia unidad fiscal, quienes se encargaban de contactar a familiares de procesados para ofrecer beneficios judiciales a cambio de pagos. En uno de los casos expuestos, se habría solicitado inicialmente la suma de Gs. 25 millones, con pagos fraccionados, para asegurar una salida procesal favorable a un imputado.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un particular, quien relató haber recibido propuestas para “arreglar” la situación judicial de su hijo. A partir de ello, se desplegaron diligencias investigativas que incluyeron comunicaciones telefónicas, reuniones vigiladas y otros elementos que, según la Fiscalía, permiten sostener la existencia de un esquema reiterado y coordinado.
El Ministerio Público sostiene que las conductas investigadas no constituían hechos aislados, sino parte de un mecanismo sistemático dentro de la unidad fiscal, en el que las decisiones sobre eventuales beneficios procesales estarían condicionadas al pago de sumas de dinero u otros beneficios indebidos.
Por su parte, las defensas han cuestionado la validez y alcance de las pruebas presentadas, así como la interpretación de los hechos realizada por la acusación, aspectos que serán considerados por el tribunal al momento de dictar resolución.
Con el inicio de los alegatos finales, el juicio entra en su fase decisiva, en la que las partes expondrán sus conclusiones sobre la responsabilidad penal de los acusados, antes de que el Tribunal de Sentencia emita su fallo.
