Los agentes fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación formal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 11 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Asimismo, solicitaron al Juzgado Penal de Garantías n° 2 de Ciudad del Este la elevación de la causa a juicio oral y público. En el requerimiento conclusivo, el Ministerio Público sostiene que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, los cuales habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a Gs. 311.580.000 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo con la investigación fiscal, las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. Pese a esa circunstancia, ambas fueron reconocidas oficialmente mediante una resolución firmada el 10 de junio del año 2020 por el entonces jefe comunal.
La Fiscalía señala que, en ese contexto, se gestionaron y obtuvieron aportes municipales por Gs. 155.000.000 y Gs. 156.580.000, respectivamente. Según la acusación, no se habría verificado una contraprestación real por los fondos transferidos y, para justificar los desembolsos, se habrían presentado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas.
El Ministerio Público también indica que los pagos se efectuaron en la misma fecha y que se registraron coincidencias temporales entre las solicitudes de desembolso, las autorizaciones administrativas, la emisión de facturas y el cobro de los cheques. A criterio de los fiscales, estas circunstancias evidenciarían un esquema organizado orientado al desvío de recursos públicos.
En su presentación, los representantes fiscales sostienen que los elementos reunidos durante la etapa investigativa permiten describir un mecanismo estructurado y sistemático, integrado por funcionarios municipales y particulares, que habría tenido como finalidad canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro que, según la hipótesis acusatoria, serían ficticias o habrían sido utilizadas de manera instrumental.
El juzgado interviniente deberá convocar a audiencia preliminar para analizar el requerimiento conclusivo, momento en el que se debatirá la admisibilidad de la acusación y de las pruebas ofrecidas por las partes. En caso de que el magistrado considere que se cumplen los presupuestos legales, la causa será elevada a juicio oral y público.
Por su parte, los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa y controvertir los hechos atribuidos durante las etapas procesales correspondientes, conforme a las garantías del debido proceso.
