La Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray intervino en una denuncia de gravedad que involucra a representantes de la empresa ALPAGRO S.A., en el marco de la causa N.° 1504/2025, caratulada como “Investigación sobre coacción grave y amenaza de hecho punible”.
La fiscal Gloria Marlene Florentín, de la Unidad Penal N° 1, dispuso medidas de protección preventiva a favor del ciudadano Gustavo Luis Gust Rodrigues, quien denunció haber recibido amenazas de muerte y advertencias de incendio contra su vivienda y maquinarias, con el fin de obligarlo a entregar toda su cosecha de chía a la mencionada empresa, pese a que, según sus declaraciones, ya había saldado sus obligaciones contractuales.
Ante el carácter urgente de la denuncia, la fiscal emitió un oficio fechado el 14 de agosto de 2025, instruyendo a la Policía Nacional la realización de controles preventivos en el domicilio y establecimiento rural del denunciante, además de habilitar un canal de comunicación directa para casos de riesgo.
La Fiscalía aclaró que esta disposición se limitó exclusivamente a medidas preventivas de seguridad y no autorizó en ningún momento la extracción, traslado o disposición de bienes muebles, ni la intervención sobre la producción de chía de Rodrigues.
Sin embargo, días después, representantes de la empresa ALPACASA denunciaron un supuesto retiro irregular de camiones cargados con chía. En respuesta, el Ministerio Público puntualizó que ninguna actuación fiscal ordenó o facilitó ese traslado, desvinculando así a la agente fiscal de cualquier maniobra ajena a lo dispuesto en el oficio original.
Dentro de las diligencias procesales, se dispuso la citación de representantes de ALPAGRO S.A. para audiencia indagatoria, a fin de esclarecer las denuncias y garantizar el respeto al debido proceso. Asimismo, todas las actuaciones fueron debidamente comunicadas a la fiscal adjunta del Departamento de San Pedro, Alicia Sapriza y se encuentran documentadas en la carpeta fiscal, que incluye oficios, denuncias, testimonios y demás elementos probatorios.
Con este procedimiento, el Ministerio Público busca salvaguardar la integridad de la víctima y su familia, al tiempo de avanzar en la investigación de posibles delitos de coacción grave y amenazas en el marco de un conflicto contractual con fuertes repercusiones en la zona.
