La fiscal Lorena Ledesma ratificó este jueves la acusación del Ministerio Público en la audiencia preliminar del caso Berilo, en el que están procesados el presunto líder narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, el exdiputado Ulises Quintana y otra veintena de personas vinculadas a una supuesta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.
Durante su exposición ante el juzgado, la representante fiscal sostuvo que la investigación permitió identificar una organización criminal que operaba principalmente en Ciudad del Este, desde donde coordinaba el traslado de estupefacientes hacia el Brasil. Según explicó, las pesquisas se iniciaron el 05 de abril del año 2018, tras la interceptación de líneas telefónicas autorizadas judicialmente, lo que permitió reconstruir la estructura del grupo y sus mecanismos de operación.
De acuerdo con la acusación, el Ministerio Público atribuye a Reinaldo “Cucho” Cabaña el rol de creador y líder de la asociación criminal, responsable de dirigir y financiar las actividades ilícitas del grupo. La Fiscalía sostiene que el acusado coordinaba el ingreso de cocaína proveniente de Bolivia, su acopio en territorio paraguayo y posterior envío al mercado brasileño. En el marco de la investigación se documentaron distintos eventos vinculados al tráfico de drogas, entre ellos la incautación de 53 kilos con 300 gramos de clorhidrato de cocaína.
La acusación también describe la participación de varios integrantes de la supuesta organización. Entre ellos figuran familiares del presunto líder, que habrían intervenido en la intermediación y comercialización de estupefacientes, así como otros colaboradores encargados de acondicionar los cargamentos, ocultarlos en vehículos con doble fondo o coordinar su traslado. Asimismo, se menciona la presunta utilización de empresas para canalizar capitales provenientes de las actividades ilícitas e incorporarlos al sistema financiero.
En relación con el exdiputado Ulises Quintana, la Fiscalía sostiene que habría recibido financiamiento de Cabaña con recursos provenientes del narcotráfico para su campaña política, con el objetivo de que posteriormente utilizara su investidura para facilitar determinadas gestiones en favor de la organización. Entre los hechos señalados por el Ministerio Público se menciona una supuesta intervención ante agentes policiales para lograr la liberación de un colaborador del grupo y de dinero incautado.
La investigación también incluye hechos que involucran a funcionarios públicos y agentes de seguridad, a quienes se atribuyen conductas como omisión de procedimientos, simulación de allanamientos o recepción de dinero a cambio de favores, siempre según la hipótesis acusatoria presentada por la Fiscalía.
La audiencia preliminar tiene como finalidad que el juzgado analice los elementos reunidos por el Ministerio Público y determine si existen méritos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público. Tras la ratificación de la acusación por parte de la fiscal Lorena Ledesma, el proceso continuará con la intervención de las defensas y la evaluación de los planteamientos de las partes antes de que el juez adopte una decisión sobre el futuro del caso.
