El fiscal Christian Benítez ratificó la acusación por presunto prevaricato contra la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, durante sus alegatos iniciales. Sostuvo que demostrará que la procesada vulneró la seguridad nacional al entregar tierras a empresas extranjeras de maletín, interrumpiendo para ello el permiso de maternidad del que gozaba.
El fiscal Benítez aseguró que durante el juicio demostrará “de forma irrefutable” razonable que la conducta acusada se adecua a lo previsto para el hecho punible de prevaricato (Art. 305 inciso 3 CP), por abusar de su rol y dictar una resolución judicial “manifiestamente injusta violando derecho aplicable y vulnerando de manera directa la seguridad nacional de la República del Paraguay”.
Expuso que se trata de la resolución N° 494 emitida en fecha 23 de noviembre de 2018 en su carácter de jueza civil y comercial decimoquinto de turno en la capital en el marco del juicio civil Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; en la cual la acusada “de forma deliberada, arbitraria y contraria a la ley resolvió entregar de forma inmediata la titularidad y posesión de varios inmuebles consistentes en cerca de 310.000 ha de tierra de la República del Paraguay”.
La propiedad estaba compuesta por 26 fincas ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, 8 en el distrito de Fuerte Olimpo, 7 en Puerto Pinasco y 11 en el distrito de Puerto Casado.
De acuerdo a la acusación, la exjueza ordenó a la parte demandada, en este caso Asociación del Espíritu Santo, a transferir parte de este territorio a favor de cuatro firmas extranjeras de maletín offshore que estaban ubicadas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, ambas de Chipre; y Firstar Investments de las Islas Vírgenes y Elite Kingdom Investments, de las Islas Vírgenes Británicas.
“La acusada en su carácter de jueza no corroboró la identidad ni la nacionalidad de los representantes legales de las firmas extranjeras beneficiadas, también ignoró la naturaleza de dichas empresas, ya que la entonces jueza no verificó si las acciones o títulos de estas firmas extranjeras eran nominativos o al portador o en su caso si eran endosables”, aseveró.
Afirmó que dicho proceso no solo versaba sobre intereses particulares, sino también intereses de orden público “y por eso es que no se puede escudar la jueza en el simple hecho del trabajo de las partes cuando lo que está en juego es la soberanía nacional”. Afirmó que las pruebas permitirán demostrar que Irún, al momento de dictar dicha resolución, omitió aplicar de forma directa los artículos 1, 2, 4 y 8 de la Ley 2532/2005, que establece la zona de seguridad fronteriza del Paraguay.
Prosiguió diciendo que también será juzgada por circunstancias que acontecieron alrededor del dictamiento de la resolución en cuestión, pues ella se encontraba con permiso de maternidad al momento de emitir dicha sentencia, que iba del 24 de septiembre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019. ¿Qué necesidad e interés puede haber para que una madre pida el levantamiento de su permiso de maternidad al solo efecto de firmar una resolución?
Esto claramente no supera el sentido común ni las reglas ni las máximas de la experiencia”, exclamó.
Por ello, no solamente se le atribuye la emisión de una “decisión injusta, arbitraria, contraria a derecho”, sino que también todos los pormenores relacionados a la conducta de la acusada “que denotan un actuar doloso y no la simple emisión de una sentencia judicial, porque lo que siempre se insiste aquí cuando hablamos de prevaricato es cómo perseguir a jueces que están realizando una labor jurisdiccional, sin embargo, aquí hay hechos exógenos a la simple realización de una actuación judicial”.
El juicio prosigue el viernes 24 de julio.
