La fiscal Adjunta Estefanía González rectificó la postura de «blanquear» el presunto desmonte de unas 2.900 hectáreas en el Chaco y presentó acusación con pedido de juicio oral contra dos personas para quienes la fiscal Laura Ávalos había aprobado una suspensión condicional y un sobreseimiento definitivo, respectivamente.
La acusación, presentada tras el trámite de oposición ante la jueza Fany Cáceres, es por los hechos de tala y quema de bosques, tipificados en la Ley 716/96 «Que sanciona delitos contra el Medioambiente», en carácter de autor.
El proceso tomó relevancia ante la grosera maniobra de la citada fiscal, quien, con una mísera donación de solo G. 50 millones por parte del procesado Miguel Barriocanal, pretendió blanquear el terrible crimen que atenta contra el medioambiente.
La sugestiva actuación del Ministerio Público, representado por la agente Ávalos, fue objeto de críticas en una sesión de la Corte e incluso motivó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se interiorizara del caso.
