El fiscal Christian Ortíz confirmó que el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías una prórroga ordinaria para continuar con la investigación que involucra a la empresaria Dalia López, argumentando la complejidad del proceso y la necesidad de reunir nuevos elementos de convicción.
Según explicó el representante fiscal, el pedido busca completar el plazo ordinario de seis meses previsto para la etapa investigativa, considerando que inicialmente solo se otorgó una extensión de dos meses que, a criterio de la Fiscalía, resulta insuficiente para concluir todas las diligencias pendientes. Señaló que la causa presenta componentes transnacionales debido a la supuesta falsificación y utilización de instrumentos públicos, además de la participación y afectación de ciudadanos brasileños dentro de los hechos investigados.
En ese contexto, indicó que el Ministerio Público considera indispensable acceder a nuevos datos provenientes de aparatos celulares que en su momento fueron incautados y vinculados a la procesada. El fiscal sostuvo que esos elementos podrían resultar determinantes para definir el rumbo de la causa.
“El Ministerio Público expuso la necesidad y pertinencia de contar con estos elementos de convicción a fin de establecer si existen certezas positivas para formular una acusación o eventualmente certezas negativas para un sobreseimiento”, expresó.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el fiscal, restarían poco menos de cuatro meses para completar el plazo ordinario de investigación. La solicitud de ampliación se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del Juzgado de Garantías. Consultado sobre los pedidos de cooperación internacional dirigidos a Brasil, Ortíz evitó brindar mayores detalles y argumentó que la difusión de ciertos datos podría comprometer la obtención de evidencias relevantes para la investigación.
El fiscal también indicó que aún quedan por analizar más de diez dispositivos electrónicos, aunque aclaró que no contaba en ese momento con la cifra exacta de equipos pendientes de extracción y análisis de datos. Respecto a una eventual prórroga extraordinaria, manifestó que la intención del Ministerio Público es concluir la investigación dentro del plazo ordinario previsto por el Código Procesal Penal. “Esperemos que no sea necesaria”, señaló al referirse a una posible nueva extensión.
Ortíz agregó que, por el momento, la calificación provisoria de asociación criminal se mantiene vigente conforme a la plataforma fáctica presentada al momento de la imputación. Asimismo, explicó que uno de los factores que complejiza el proceso es el tiempo durante el cual la empresaria permaneció en estado de rebeldía, además de la necesidad de revisar nuevamente actuaciones anteriores e incluso declaraciones testificales.
El representante del Ministerio Público señaló que el paso del tiempo también generó dificultades para la ubicación de algunos testigos, debido a cambios de domicilio y de números telefónicos, situación que obligó a reforzar las tareas de rastreo y localización dentro de la investigación.
