Fuentes del Ministerio Público aseguran que la imputación presentada contra el senador Hernán Rivas cumple con los requisitos formales establecidos en el Código Procesal Penal, plasmada posteriormente por la máxima instancia judicial en una acordada que recuerda básicamente a los operadores de justicia los requisitos exigidos a fin de la presentación de un acta de imputación y su posterior notificación por parte del juzgado competente.
Pretender que la imputación tenga ribetes de una acusación donde ya se requiere certeza mediante los elementos probatorios colectados en la etapa investigativa es un despropósito para el rol Constitucional del Ministerio Público y no condice con el rol de veedor del proceso que le corresponde al Poder Judicial. Los elementos de sospecha de la existencia del hecho punible y la participación de Rivas en el mismo fueron plasmados en el acta de imputación presentada por la fiscal Patricia Sánchez, donde se describe el hecho concreto, se individualiza al supuesto autor y se subsume en un tipo penal descrito en el Código Penal.
Las pruebas y elementos de convicción deberán ser presentados una vez concluya la investigación en el caso de que la Fiscalía acuse y solicite elevar la causa a juicio oral y público. De lo contrario y siguiendo el razonamiento del Tribunal de Apelación, ningún proceso penal prosperaría si al tratar de iniciar una investigación ya se requiere por parte del Poder Judicial certeza y pruebas contundentes.
