Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron a la Sala Penal que arbitre las medidas necesarias para integrar el Tribunal de Apelación en lo Penal, que debe estudiar los recursos pendientes en la causa que investiga el supuesto esquema de persecución política montado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuya acusación fue presentada a inicios del año pasado.
Los fiscales recordaron que el 11 de marzo de 2025 presentaron acusación por los hechos de asociación criminal, denuncia falsa y revelación de Secretos de Servicios y otros, sin embargo la causa no ha podido avanzar debido a las recusaciones e inhibiciones que evitan el estudio de recursos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones.
Alertaron que si bien la Corte devolvió al Tribunal de Apelación la causa para que sus miembros resuelvan la impugnación formulada por el magistrado Agustin Lovera Cañete contra de la inhibición de su colega Adriana Giagni, en diciembre de 2025 la Cámara el resolvió remitir nuevamente los auto a la Corte, al no haberse logrado conformar la mayoría necesaria para zanjar la situación.
“En atención a las inhibiciones y a la impugnación planteada, circunstancias que han impedido hasta la fecha el estudio y resolución de los recursos pendientes, se solicita respetuosamente a esta Máxima Instancia Judicial que arbitre las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal de Apelaciones”, concluye el escrito.
Según la acusación estas personas, en su condición de miembros del gabinete del expresidente Mario Abdo Benítez, habrían formado un esquema entre el 2021 y 2023, a los efectos de elaborar un informe de inteligencia financiera que fue filtrado, junto a un pedido de carácter confidencial realizado a través de la Plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat, “que aspiraba a generar investigación penal en contra de adversarios políticos”, expec del exmandatario, como su antecesor, Horacio Cartes.
Carlos Adolfo Arregui Romero, en su carácter de exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), está acusado por Asociación criminal, Usurpación de funciones públicas y Denuncia falsa.
Se le atribuye haber dado acceso a información confidencial y de carácter reservado a ministros y funcionarios que no pertenecían a la Seprelad, entre ellos a René Fernández (entonces titular de la Senac), Arnaldo Giuzzio (entonces ministro del Interior) y Daniel Farías Kronawetter.
También es señalado de haber permitido la inclusión de información presuntamente tergiversada en el Informe de Inteligencia N.° 10/2022, que calificaba como «operaciones sospechosas de venta de cigarrillos» por más de G 1.500 millones Tabesa S.A. y Unicanal S.A.
La acusación indica además que junto con Giuzzio, habría divulgado a medios de comunicación un pedido confidencial de informe penal y policial sobre Horacio Cartes enviado a Paraguay por la fiscal panameña Lizzie Bonilla.
Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, exministro del Interior, está acusado por los hechos de Asociación criminal y Revelación de secretos de servicio.
René Milcíades Fernández Bobadilla, exministro de la Senac, por Asociación criminal, Usurpación de funciones públicas, Denuncia falsa y Revelación de secretos de servicio.
Se le atribuye haber editado directamente el archivo de Word titulado AAA_INFORME DE INTELIGENCIA_AAA_MJ, creado previamente por Daniel Farías Kronawetter (comisionado en el Ministerio del Interior) y contenía la información supuestamente tergiversada sobre las operaciones comerciales y de exportación de Tabesa S.A. y Horacio Cartes.
Los demás acusados en la causa son Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Pedra Galeano y Francisco Pereira Cohene.
