Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta presentaron un urgimiento ante la Sala Penal para que se resuelvan las recusaciones planteadas contra los camaristas Mario Camilo Torres, Silvana Raquel Luraghi y Paublino Escobar, que mantienen suspendido el avance de la causa conocida como “detergentes de oro”, en la que está acusado el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y otros exfuncionarios municipales.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron a los ministros de la Sala Penal que impriman celeridad al trámite de las recusaciones promovidas por el abogado Walter Cardozo, defensor del exconcejal y exintendente César Daniel Ojeda Figueredo.
Según recordaron los fiscales, el 26 de septiembre de 2025 la defensa recusó a los camaristas Silvana Luraghi y Camilo Torres, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Primera Sala, mientras que el 30 de septiembre del mismo año también fue recusado el camarista Paublino Escobar. Ambos planteamientos surgieron en el marco de la apelación promovida contra la providencia que convocó a audiencia preliminar.
La Fiscalía sostiene que resulta necesario contar con una decisión sobre estos incidentes para que los órganos jurisdiccionales puedan resolver los planteamientos pendientes y permitir que el proceso continúe avanzando, en cumplimiento del principio de celeridad procesal.
Más de ocho meses de paralización
La audiencia preliminar de la causa había sido fijada inicialmente para los días 6, 7 y 8 de octubre de 2025 por el juez especializado Rodrigo Estigarribia. En esa diligencia debía analizarse si la acusación fiscal era admitida y si los procesados serían enviados a juicio oral y público.
Sin embargo, la defensa de César Ojeda recusó a los camaristas Luraghi y Torres alegando supuesto interés personal en la causa. Posteriormente también recusó a Escobar, argumentando que había intervenido en una resolución junto a magistrados previamente cuestionados.
Las recusaciones se produjeron después de que el Tribunal de Apelación confirmara la convocatoria a audiencia preliminar. La defensa sostuvo que dicha resolución era inválida porque fue dictada cuando ya existía una recusación pendiente de tratamiento.
Desde entonces, la definición sobre la validez de esos planteamientos quedó pendiente de resolución, situación que mantiene suspendida la audiencia preliminar y sin avances sustanciales en el expediente.
La causa investiga presuntas irregularidades en la compra de detergentes y productos de limpieza durante la pandemia del Covid-19 mediante fondos destinados a la gestión y reducción de riesgos.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Óscar Rodríguez habría encabezado una estructura que favoreció a determinados proveedores mediante contrataciones presuntamente irregulares, con precios superiores a los del mercado y operaciones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 1.800 millones.
Además de Rodríguez, permanecen pendientes de audiencia preliminar el exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, señalado como pieza clave en el esquema, al facilitar desde su cargo el desvío de fondos hacia las contrataciones irregulares. Además, enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por un incremento patrimonial injustificado superior a G. 7.700 millones.
También César Daniel Ojeda Figueredo, exintendente interino de Asunción, acusado de lesión de confianza por haber autorizado parte de las contrataciones irregulares y, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, exdirector municipal, señalado por su rol decisorio en los procesos administrativos que derivaron en la adjudicación a empresas con sobreprecio.
