El juicio oral contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio se inició con la exposición de diversos incidentes planteados por el Ministerio Público y la defensa, en una causa en la que se lo acusa por presunto cohecho. La audiencia estuvo marcada por debates técnicos sobre la incorporación y exclusión de pruebas, así como cuestionamientos sobre la precisión de la acusación.
Durante la apertura, la fiscal Verónica Valdez solicitó la inclusión de copias espejo vinculadas a la extracción de datos de teléfonos atribuidos a Lindomar Reges Furtado, quien, según la teoría del Ministerio Público, mantendría vínculos con Marcus Vinicius. La representante fiscal argumentó que estos dispositivos podrían contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Entre los pedidos, la Fiscalía requirió que se oficie al juez Osmar Legal para la remisión de las copias espejo de dos teléfonos incautados en febrero del año 2022 en el denominado operativo Turf, además de los datos obtenidos del teléfono de Reges Furtado al momento de su detención en Brasil, cuya extracción fue ordenada por autoridades de ese país y aún se encuentra en proceso.
El Ministerio Público sostuvo que la relación entre Reges Furtado y Vinicius, a quienes situó dentro de un mismo entorno criminal, justificaría la pertinencia de estas evidencias, señalando incluso que el primero habría frecuentado dependencias vinculadas al segundo.
La defensa, sin embargo, se opuso a la incorporación de estos elementos al considerar que carecen de relación directa con el objeto del juicio, que, según su postura, se limita al supuesto vínculo entre Giuzzio y Vinicius. Los abogados argumentaron que no existe comunicación alguna entre Reges Furtado y el acusado que permita sostener la pertinencia probatoria.
Asimismo, cuestionaron la falta de información sobre la cadena de custodia y las condiciones en que se realizaron las pericias, señalando que no tuvieron oportunidad de ejercer control sobre la obtención ni el tratamiento de los datos. En esa línea, afirmaron que la Fiscalía pretende introducir resultados periciales sin garantizar el respeto a las reglas procesales.
Entre los planteamientos defensivos también se presentó un incidente de nulidad de la acusación por presunta indeterminación de los hechos. La defensa sostuvo que el escrito fiscal contiene un relato cronológico de diligencias sin un análisis jurídico claro, lo que, a su criterio, dificulta comprender con precisión la conducta penal atribuida y vulnera el derecho a la defensa.
Además, solicitaron la exclusión de diversas pruebas, entre ellas documentos en portugués vinculados a un disco duro incautado en el operativo Turf, un CD con una supuesta entrevista entre Vinicius y el entonces fiscal Osmar Legal en Brasil y capturas de pantalla de conversaciones atribuidas a Giuzzio y Vinicius, alegando que no pudieron ejercer control sobre su obtención.
También pidieron excluir una nota de la Dirección General de Investigación Criminal y documentos incautados en la vivienda del exministro, insistiendo en que la incorporación de estos elementos se realizó sin las garantías procesales necesarias.
El Tribunal deberá resolver los incidentes planteados antes de avanzar con la etapa probatoria presidido por la juez Adriana Planás.
Según la acusación del Ministerio Público, el exfuncionario del Estado , aproximadamente desde el mes de julio del año 2021 hasta febrero del año 2022, en su carácter de Ministro del Interior mantuvo contacto personal y comunicación directa con Vinicius Espíndola, quien administraba y dirigía las empresas Black Eagle Group S.A. – OMBU S.A.
Dichas firmas, en ese entonces, se habrían dedicado, a varias actividades comerciales, entre ellas, al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, anti vandalismo, sistema Flast Over blindaje de ruedas, alquiler de vehículos blindados, blindaje arquitectónico, venta de materiales de seguridad.
