El Frente Unido del Ministerio Público, integrado por nueve gremios institucionales, anunció una huelga general a partir del 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre en protesta por la falta de reivindicaciones laborales, la congelación salarial de más de 13 años y lo que consideran un debilitamiento institucional que favorece al crimen organizado.
La medida fue decidida durante una asamblea general del funcionariado, tras el agotamiento de las instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo, la Vicepresidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso Nacional. Los trabajadores denuncian la ausencia de respuestas concretas a sus reclamos históricos y advierten que la situación actual atenta contra la dignidad del personal y la eficacia del sistema de justicia penal.
“Desde hace más de 13 años nuestros salarios permanecen congelados, con un desfasaje del 68% respecto al costo de vida”, señala el comunicado emitido por el Frente Unido. Los funcionarios recuerdan que en el año 2018 realizaron una medida similar, que solo resultó en un ajuste del 3,5%, equivalente a un aumento neto de apenas Gs. 67.000, lo cual califican como una “burla” hacia el personal que sostiene el trabajo operativo de la institución.
Si bien los agentes fiscales lograron una ley que equipara sus salarios con los de los magistrados judiciales, los sectores más vulnerables, como médicos forenses, psicólogos, peritos, técnicos, choferes y administrativos, quedaron totalmente rezagados.
El comunicado advierte que esta falta de atención “permea el debilitamiento institucional de una entidad que combate el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción pública y los delitos sensibles como la violencia familiar o el abuso sexual”. Cada año, el Ministerio Público atiende más de 300 mil causas y víctimas, sostienen los gremios.
Los trabajadores también manifestaron que, aunque algunos sectores políticos reconocen la legitimidad del reclamo, un sector afín al oficialismo se ha negado rotundamente a apoyar el reajuste salarial y que incluso se han dado negociaciones con referentes que no representan al funcionariado.
El pronunciamiento concluye con un llamado al Gobierno Nacional a reconocer la labor del Ministerio Público, garantizar condiciones laborales dignas y aprobar el reajuste salarial solicitado por la Fiscalía General del Estado dentro del proyecto de presupuesto. “Esta agenda planificada a espaldas de los trabajadores favorece a la criminalidad. Decimos basta al sometimiento y al discurso vacío. Queremos justicia, dignidad y fortalecimiento institucional”, expresa el comunicado del Frente Unido.
