El frente Unido, que aglutina a varios gremios de funcionarios del Ministerio Público, entre ellos las asociaciones de Peritos, emitieron en la fecha un comunicado sobre la preocupación ante una manifestación recurrente, específicamente de los abogados de Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chávez, que amenazan con denunciar penalmente a la perito de la Fiscalía Elizabeth Benítez, que realizó el extenso informe sobre los bienes del mencionado legislador.
“Como parte del Sistema de Justicia, y representantes de la sociedad valoramos la denuncia penal como un derecho inalienable como mecanismo de Acceso a la Justicia cuando un ciudadano o ciudadana ha sido vulnerado en sus legítimos derechos. Por tanto, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de recepcionar e indagar sobre las circunstancias, obligación legal de actuar bajo el principio de la objetividad y sobretodo, la obligación moral de buscar la verdad de los hechos sobre la comisión de un hecho punible, o no.
Ha sido de público conocimiento que, en varios casos, específicamente en aquellos vinculados a Crimen Organizado, Narcotráfico, Delitos Económicos, Homicidios, Violencia Familiar y Abuso Sexual, se pretende utilizar la figura de la denuncia penal como un recurso dilatorio y de amedrentamiento, contra operadores del sistema de Justicia vinculados a la causa: fiscales, médicos forenses, psicólogos, peritos, técnicos.
Esta preocupación se instaura en aquellos casos donde se están formulando “al solo efecto de trabar un proceso penal en curso, desnaturalizando el debido proceso y tratando de manipular el Sistema de Justicia”, y que últimamente se constituye en una herramienta de presión, pudiendo esta conducta incurrir en el hecho punible de denuncia falsa.
Dejamos sentados públicamente esta preocupación en aras de los derechos de la ciudadanía a una Justicia Transparente, equitativa, fuera de todo amedrentamiento e injerencia que no sea la Constitución Nacional y marco legal vigente. Como gremios estaremos atentos a los derechos de los funcionarios de no ser obligados a participar en la comisión de un hecho punible”, sostiene el comunicado.
