En una reciente entrevista con PDS Radio, el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, se pronunció sobre dos temas de gran relevancia judicial: la reparación de daños frente a Froilán Peralta y el enredo en torno a la indemnización solicitada por el caso de Joel Filártiga.
González explicó que el proceso judicial contra Froilán Peralta enfrenta un retraso significativo debido a la falta de un juez competente. La incertidumbre se generó cuando las acciones legales fueron presentadas ante un juez que no era el especializado, lo que llevó al tribunal a objetar la competencia. Este dilema se ha agravado, ya que el juez especializado remitió el caso a la Corte para la designación de un juez, lo que mantiene el asunto pendiente.
A pesar de esta incertidumbre, el procurador aclaró que se ha tomado una medida cautelar de embargo en relación con los bienes de Peralta, con el objetivo de salvaguardar el cobro que el Estado pudiera exigir en el futuro. González enfatizó que los oficios pertinentes ya han sido emitidos, en busca de proteger los intereses del Estado mientras se resuelve la competencia judicial.
En el mismo contexto, el procurador se refirió al caso de Joel Filártiga, cuyo juicio está en curso. Filártiga busca hacer efectivo el pago de una indemnización tras una condena en Estados Unidos contra un policía identificado como Juan. Sin embargo, el procurador subrayó que, en Paraguay, la situación es distinta; el responsable de la condena fue otro policía, Francisco, y los fundamentos legales varían significativamente entre ambos países.
González dijo que la Procuraduría se opone al monto reclamado por Filártiga, que asciende a 40 millones de dólares, argumentando que las indemnizaciones normalmente no superan los 100.000 o 80.000 dólares en casos de derechos humanos. Para el procurador, es crucial que las acciones legales se basen en las sentencias emitidas en el país, especialmente cuando existen diferencias en los hechos y en las razones detrás de las condenas en Paraguay y Estados Unidos.
Por el momento, ambos casos están pendientes de estudio para la admisibilidad en la Sala Constitucional, mostrando la complejidad y los retos del sistema judicial en Paraguay.
