La agente fiscal Ruth Karina Benítez encabezó una serie de allanamientos simultáneos en Asunción y en la zona metropolitana en el marco del operativo “Golfo”. Como resultado, fueron detenidas dos personas, mientras que otras cuatro cuentan con orden de captura.
De acuerdo con los elementos reunidos por el Ministerio Público, uno de los detenidos es funcionario de una empresa de telefonía celular y habría utilizado irregularmente un usuario del sistema de billetera electrónica para transferir fondos a diversas líneas telefónicas. El perjuicio patrimonial ocasionado asciende a Gs. 104.760.004.
El operativo se realizó en coordinación con el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dirigido por el comisario Diosnel Alarcón, en un trabajo conjunto de inteligencia y análisis de trazabilidad de fondos.
Las pesquisas permitieron detectar al menos 56 operaciones fraudulentas, consistentes en transferencias de saldos a familiares y allegados del funcionario investigado, con el consecuente perjuicio económico para la empresa y para los usuarios finales. Los montos desviados fueron acreditados en cuentas de la billetera electrónica cuyos beneficiarios ya fueron identificados por la Fiscalía. En este contexto, el Ministerio Público indaga un concurso de hechos punibles tales como acceso indebido a datos, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal, en atención a la complejidad de la maniobra y al número de personas involucradas.
Según los antecedentes del caso, en fecha 29 de abril del año 2024 la Gerencia de Prevención de Fraudes y Seguridad de la empresa telefónica denunció débitos irregulares por Gs. 49.340.004. Tras un análisis forense digital se constató que el funcionario hoy detenido habría realizado débitos indebidos desde el sistema de gestión de la billetera, que opera como resguardo temporal de saldos de líneas telefónicas dadas de baja por falta de uso.
El sistema, diseñado para preservar los créditos remanentes hasta su eventual reintegro al titular original, fue presuntamente vulnerado mediante acceso indebido. Las sumas fueron desviadas a la “línea de gestión” controlada por el funcionario y desde allí transferidas a cuentas previamente identificadas, configurando así un esquema sistemático de apropiación ilícita de fondos.
La Fiscalía anunció que continuará con la recolección de pruebas digitales, movimientos bancarios y testimoniales para individualizar a todos los involucrados y preparar la acusación correspondiente.
