La jueza en lo Civil y Comercial Mafalda Cameron, salió sorteada para entender en la demanda de indemnización por daño moral, que fue presentada por el funcionario judicial Gregorio Acosta Talavera contra los ministros, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel De Jesús Ramírez Candia, Gladys Bareiro de Módica, los funcionarios Geraldine Cases, exsecretaria del Consejo de Superintendencia y la ex directora de Recursos Humanos, Lilian Luraschi.
El funcionario había sido suspendido en sus funciones por varios meses por supuesto hecho de planillerismo, mientras estaba con permiso en Brasil, por un tratamiento médico. El demandante pide de G. 2 mil millones en concepto de indemnización.
Según el escrito de la demanda presentada por el abogado Roberto Améndola Galeano, los ahora demandados “incumplieron con sus deberes, y me han dañado como lo hicieron, primero sumariándome sin motivo alguno y segundo, difundiendo mi nombre como un planillero, con todas las expresas amenazas de procesos penales, estando en plena convalecencia, a lo que se suma la forma como pretendieron encubrir su negligencia en la reconsideración resuelta, dejando en responsabilidad de otros lo que claramente fue la de ellos mismos”.
Explica el demandante que, a mediados del mes de junio del 2019, acudió al médico por una fuerte cefalea y le diagnosticaron tumor cerebral. El 3 de julio de ese año, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Sirio – Libanés de Brasil.
Antes de su operación, el 1 de julio, Acosta Talavera dice que presentó un permiso especial ante el Departamento de Recursos Humanos, con todos los elementos que comprobaron que iba a someterse a una operación. Al cabo de un mes, la resolución del permiso especial, aún no estaba saliendo.
De esa manera reiteró el pedido de permiso especial y ya tenían conocimiento los miembros del Consejo de Superintendencia, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica, como también Geraldine Cases, ex secretaria y Lilian Luraghi, como ex directora de Recursos Humanos.
Pese a ello, el 18 de setiembre de ese año, Jiménez Rolón pidió la investigación de Acosta Talavera por planillerismo, pese a que este ya justificó su ausencia en su puesto de trabajo por haber sido intervenido de un tumor cerebral.
Posteriormente, el mencionado ministro en el pleno de la Corte y por los medios de comunicación presentó un listado de supuestos planilleros, incluyendo a Acosta Talavera.
Por todo esto, el demandante se sintió agraviado, ya que su familia fue también expuesta ante la prensa.
Acosta Talavera pide G. 400 millones a cada autoridad que fue nombrada en su demanda.
