La fiscal Sonia Sanguinés informó a PDS Radio que se encuentran en curso tres investigaciones penales relacionadas con la represión ocurrida durante la manifestación frente al Congreso Nacional el pasado domingo. Las denuncias refieren a presuntas lesiones corporales en ejercicio de funciones públicas, pero hasta el momento no se han configurado hechos de tortura en el marco legal.
La fiscal explicó que la primera denuncia fue recibida a través de una llamada de la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizada por la Dra. Sonia Vonlepel, quien alertó sobre jóvenes detenidos que no habrían recibido atención médica adecuada. “Nos constituimos en la agrupación especializada junto con médicos forenses y se realizaron inspecciones físicas a todos los detenidos”, señaló.
Posteriormente, se sumaron otras denuncias formales, entre ellas el caso que se viralizó en redes sociales, donde agentes del Grupo Lince atropellaron a una escritora y a su hija. En esta causa se reconocen tres víctimas: la escritora Cintia, su madre y un joven que también estuvo en carácter de aprehendido. “Ya se realizó una primera inspección médica y en la semana se convocará a las víctimas para una declaración más detallada”, explicó Sanguinés.
En relación a la identificación de los uniformados involucrados, la fiscal indicó que ya se cuenta con la chapa de la motocicleta utilizada por los agentes intervinientes. “Firmé un pedido de informe para que se remitan los nombres de los personales asignados a esa motocicleta. Estimo que en el transcurso de la semana ya tendremos esa información”, afirmó.
Consultada sobre posibles intentos de encubrimiento policial, Sanguinés manifestó que, en su experiencia, las solicitudes específicas suelen ser respondidas con rapidez por la institución policial. “No creo que tengamos problemas para identificar al conductor, ya que los registros de asignación de vehículos constan en el libro de novedades”, agregó.
Las tres causas actualmente abiertas incluyen la denuncia genérica sobre lesiones a jóvenes detenidos, la causa específica del atropello a la escritora y su familia y un tercer caso en el que un joven denunció haber sido agredido físicamente por un agente al momento de su aprehensión. Todos los hechos se investigan bajo la figura de lesión corporal en ejercicio de funciones públicas.
La fiscal aclaró que la expectativa de pena varía según la gravedad del hecho; en los casos leves puede alcanzar hasta tres años de prisión, mientras que en los más graves llega a cinco años. “La calificación definitiva dependerá del avance de la investigación y de lo que logremos probar”, concluyó.
