La exfiscal de San Lorenzo Ana Girala se pronunció tras una nueva jornada del juicio oral en su contra, en la que el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de prisión por la presunta comisión de hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes. Afirma que los fiscales «están heridos» porque logró «descreditar» las pruebas en su contra.
Al término de la audiencia, Girala cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, particularmente las de carácter pericial vinculadas a dispositivos electrónicos. Sostuvo que durante el proceso, que lleva 11 meses, la defensa logró demostrar inconsistencias en los elementos probatorios, afirmando que los datos extraídos de un teléfono habrían sido “adulterados”.
En ese sentido, hizo referencia al denominado “código hash”, utilizado para verificar la integridad de archivos digitales, indicando que en distintas verificaciones realizadas durante el juicio no coincidían los valores, lo que, según su postura, evidenciaría alteraciones en la evidencia. Asimismo, mencionó diferencias en la cantidad de archivos contenidos en copias de la misma fuente, señalando que en una ocasión se habrían presentado aproximadamente 15.000 imágenes y en otra más de 56.000.
La exfiscal también cuestionó la autenticidad de ciertas capturas de pantalla utilizadas como sustento de la acusación, señalando que algunas imágenes no corresponderían a su persona. En esa línea, negó haber realizado pedidos de dinero y rechazó las imputaciones en su contra, insistiendo en que las conversaciones que se le atribuyen no son genuinas.
Durante sus declaraciones, Girala manifestó que la acusación carece de sustento probatorio y sostuvo que la Fiscalía no estaría en condiciones de sostener el pedido de condena. Asimismo, invitó a seguir las próximas audiencias, en las que, según indicó, se expondrán con mayor detalle los cuestionamientos a las evidencias presentadas.
El juicio oral continúa en su etapa final, con la presentación de los alegatos, tras lo cual el Tribunal de Sentencia deberá analizar los argumentos de las partes y dictar resolución sobre la responsabilidad penal de los acusados.
