El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra dos resoluciones judiciales que declararon inadmisible su recurso de apelación en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que había promovido contra el expresidente Horacio Cartes.
La presentación cuestiona el A.I. Nº 18 del Tribunal de Apelación Penal especializado en delitos económicos, así como el A.I. Nº 283 dictado por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del juez Rodrigo Estigarribia. Ambas decisiones habían rechazado el planteamiento del exsecretario de Estado en su carácter de denunciante.
En su escrito, Giuzzio sostiene que las resoluciones impugnadas vulneran derechos constitucionales vinculados al acceso a la justicia, el debido proceso y la igualdad ante la ley. Argumenta que los órganos jurisdiccionales incurrieron en un exceso de formalismo que terminó por impedir el análisis de fondo de sus planteamientos.
Según expone, “la prevalencia de los preceptos constitucionales jamás puede ser cercenada por interpretaciones facciosas”, al tiempo que califica de arbitrarias las decisiones adoptadas en ambas instancias.
El accionante cuestiona especialmente la interpretación restrictiva sobre su legitimación para recurrir, señalando que “negar el derecho al recurso es equivalente a impedir el acceso a la verdad y, con ello, a la justicia”. En esa línea, afirma que su intervención se sustenta en su calidad de ciudadano y denunciante de hechos de corrupción, con base en normas constitucionales que habilitan la participación en la defensa del interés público.
Asimismo, advierte sobre lo que considera una desnaturalización del rol judicial, indicando que “el sistema no puede refugiarse en simbolismos formales para evitar una investigación objetiva, amplia y profunda”. A su criterio, ello configura una vulneración directa del modelo de Estado social de derecho.
El escrito también pone énfasis en el rol de la víctima dentro del proceso penal, denunciando su exclusión en las decisiones cuestionadas. En ese sentido, sostiene que “la víctima ha sido tratada como una figura marginal, cuando en realidad es un sujeto esencial del proceso penal”, citando doctrina regional sobre la evolución del rol de los afectados por el delito.
Giuzzio también cuestiona la fundamentación de los fallos, calificándola como aparente. En sus términos, “la ausencia de motivación real convierte la decisión en nula por violar garantías básicas del debido proceso”. En otro pasaje, advierte sobre las consecuencias institucionales de este tipo de resoluciones, señalando que “la negación del acceso a la justicia consolida la impunidad y debilita las bases republicanas del Estado”.
La acción presentada solicita a la Sala Constitucional que declare la nulidad de ambas resoluciones por considerarlas contrarias a la Constitución Nacional, al tiempo que reclama una interpretación amplia de los derechos de acceso a la justicia, especialmente en casos vinculados a hechos de corrupción pública.
Finalmente, el exministro remarca que su pretensión no responde a un interés personal sino a una exigencia institucional, afirmando que “investigar con seriedad no es una opción, sino un deber jurídico del Estado”.
