Ante la denuncia presentada por la abogada Diana Vargas por presunta exacción al recaudar supuestamente G. 2 mil millones con nombre de la objeción de conciencia, el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy manifestó a PDS radio y tv Digital que la citada denuncia se da en base a un desconocimiento de las normas legales por parte de la profesional del derecho.
Explicó en primer término que la Defensoría no cobra nada de dinero ya que en virtud a la ley 831, las personas que pagan por objeción de conciencia lo hacen por una decisión religiosa, especialmente los menonitas.
“La ley está vigente, fue aprobada por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, con el Senador Jorge Querey y el Diputado Raúl Latorre” mencionó.
Comentó que el dinero abonado se paga en el Banco Nacional de Fomento (BNF), dejando en evidencia la vigencia de la ley, ya que, si no fuera así, tanto el Presidente del BNF como el Ministro de Hacienda tendrían que ir a la cárcel. Asegura que esta denuncia es una intención de dar un golpe mediático.
Asegura que la ley establece de manera taxativa la realización ya sea del trabajo de objetor de conciencia o el pago de la contribución, por lo que no existe ningún tipo de interpretación de la misma. Agregó además que en épocas de pandemia poco o nada fue el dinero abonado.
